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Guillermo Campero, Presidente del Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo:
“La seguridad en el trabajo es un derecho fundamental exigible”

Creado tras la ratificación de Chile del Convenio 187 de OIT, el Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo (CCSST) es la instancia en que se revisa y se generan recomendaciones a la propuesta de Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta entrevista, Guillermo Campero, actual Presidente del CCSST, explica los lineamientos centrales de la política y las observaciones realizadas por este consejo.
Guillermo Campero.

¿Qué opina sobre la propuesta de Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Es un muy buen documento, ya que contiene información recopilada en base a mesas de trabajo que se realizaron a lo largo del país para conocer los intereses de trabajadores, empleadores y Gobierno en este ámbito. A raíz de eso, tenemos un documento muy participativo, con información de calidad, que reúne conceptos importantes en un área en la que hay muchos organismos involucrados. Es un buen documento por su origen, pero también por su orientación. Por lo anterior, nuestro trabajo como Consejo Consultivo fue profundizar ciertas temáticas, así que fuimos desarrollando los conceptos conforme a la normativa internacional.

¿Cuáles son los criterios más importantes dentro del documento?
Uno de los puntos principales es su foco. En su origen,a fines de los ‘60, la Ley de Seguridad Laboral (Ley N° 16.744) tenía un enfoque básicamente reactivo, mientras que ahora es preventivo.Esto no había sido formulado a nivel legislativo, aunque las mutualidades y algunas empresas ya conocen y trabajan en esta dirección. Un segundo elemento es que la seguridad en el trabajo debe constituir un derecho fundamental de las personas. No es solo la condición de una circunstancia, sino que es un derecho fundamental exigible. En otras palabras, no se puede negar asistencia ante un accidente o una enfermedad proveniente de las condiciones del trabajo.

¿Qué otras consideraciones destaca?
Otro punto relevante y que no estaba expresado en la Ley, es el principio de universalidad, en que las acciones preventivas y curativas se derivan de un derecho universal; o sea, es válido para todos los habitantes de este país -sean trabajadores dependientes o independientes- e incluso para aquellos que se desempeñan en el mercado informal. Este último punto representa un desafío en el sentido de cómo hacemos que este sector se asocie a los mecanismos existentes para la prevención y atención de accidentes y salud laboral. Como Consejo ya hemos planteado una solución, sin embargo, aún no puede ser pública porque debe ser puesta a análisis. Asimismo, cabe destacar que todas las necesidades, seguimientos o acciones políticas que se derivan de los principios anteriores, deben tener un desarrollo con participación social, que nosotros llamamos Participación y Diálogo Social. Esta instancia debe ser tripartita (trabajadores, empleadores y Gobierno), donde estos tres sectores discutan y participen de la ejecución de las políticas. De igual modo, los comités paritarios tendrán una mayor importancia dentro de la empresa, igualándolo a la de los dirigentes sindicales, con acceso a horas de actividad y con responsabilidades más fuertes y definidas, para trabajadores y empleadores.

¿Cuál es la mirada que entrega esta política?
Este programa está enfocado en generar una cultura de prevención en la población. Hay que entender que la Prevención debe ser parte de todas las políticas formativas que existen en el país, y transversal a todas las áreas, pensando incluso que estas materias sean parte del programa de enseñanza escolar. Además, debe ser un tema dinámico, haciendo un seguimiento permanente e incorporando nuevas realidades que aparezcan.

En este sentido, se debe generar una integralidad, entendida como una coordinación lógica y común entre las diferentes instituciones. Actualmente, son muchos los organismos que tienen injerencia en este ámbito, como ministerios, ISP, mutuales, seremis, entre otros, y no existen necesariamente protocolos comunes y compartidos para enfrentar determinadas situaciones. Esa dispersión va en contra de la eficacia y la eficiencia y, sobre todo, de los resultados.

Y para esta situación, ¿tienen una propuesta?
Efectivamente. Tenemos la convicción de que el ideal sería que una sola institución se aboque al tema de seguridad y salud en el trabajo. No queremos crear una nueva institución, que es mucho más costoso y crea más burocracia, sino que queremos reunir todas las aristas de esta materia y ponerlas en un solo organismo estatal ya creado, que cuenta con infraestructura y capacidad administrativa. Ya hemos pensado en cuál puede ser esta institución, pero aún debe estudiarse. Es una propuesta audaz, pero la haremos porque creemos que un tema tal merece una institucionalidad de este tipo.

Se mantienen las mutuales y esta relación entre lo privado y público, pero la diferencia radica en que proponemos que el Estado profundice su labor regulatoria, coordinadora y supervisora, y así tener a los actores observados permanentemente; el Gobierno se convierte en un regulador y participa con el sector privado y con los trabajadores en el desarrollo de las políticas y de los programas.

Sin embargo, si esta sugerencia no es admitida, reforzaremos la petición de, al menos, contar con una homogenización de los criterios y protocolos.

¿Cómo las empresas podrían prepararse para esta política de seguridad nacional?
En general, las grandes empresas están bien preparadas para enfrentar este cambio, y tienen recursos que les permiten generar cambios significativos. En ese segmento, lo recomendable es que si cuentan con lineamientos estrictos en seguridad, continúen perfeccionándolos. Asimismo, darle una mayor relevancia a esta declaración dialogal y bipartita con sus trabajadores, en que la educación del riesgo debe ser parte del desarrollo profesional.

Respecto de las pequeñas empresas, el trabajo es más complicado y pasa por la fiscalización y el brindar facilidades o incentivos que generen prácticas seguras.


Guillermo Campero es Sociólogo, Consultor Internacional de la OIT y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en materia de Políticas Públicas (2008 a la fecha). Experto Regional de la OIT en políticas públicas sociolaborales y desarrollo económico. Integrante del gabinete de asesores en la Unidad de Estrategia del Presidente de la República de Chile, Ricardo Lagos (2000-2006).
Septiembre 2015
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