Daniel Concha.

Durante los últimos años, Chile ha puesto énfasis en el trabajo orientado a la inclusión social de personas con discapacidad, lo cual se ha visto reflejado desde el aporte del sector público mediante el diseño de diversos programas, estudios y proyectos legislativos. Asimismo, cabe destacar el aporte proveniente del sector privado, ya que su ayuda ha potenciado el desarrollo de iniciativas tendientes a la inclusión laboral de este colectivo, a través de la incorporación de nuevos modelos de gestión de recursos humanos y de responsabilidad social empresarial. Ahora bien, el marco regulatorio de acción lo hemos conducido en primer lugar por la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizada por Chile en 2008 y, en segundo lugar, por la Ley Nº 20.422, la cual establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

Según el Estudio Nacional de la Discapacidad 2014, el 12,9 % de la población se encuentra en situación de discapacidad. En términos educacionales, solo el 9,7% alcanza a concluir la enseñanza básica, un 13,1% finaliza la enseñanza media y solo un 2% logra graduarse de educación superior. En el ámbito laboral se observa que solo el 29% de este colectivo accede a un trabajo remunerado. Estas cifras grafican las brechas existentes entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las que se encuentran con mayores indicadores asociados a vulnerabilidad y pobreza, quedando de manifiesto que el reflejo de la pobreza es la imagen de una mujer adulta en situación de discapacidad.

Como Servicio Nacional de la Discapacidad, nos encontramos ejecutando diversas acciones que buscan promover la seguridad y la salud en el trabajo desde la esfera de la promoción de los derechos, entre ellas: el Programa “Promoción de la Autonomía y Atención de la Dependencia”, cuyo propósito central es mejorar el desempeño funcional en las actividades de la vida diaria de personas con discapacidad en situación de dependencia. A su vez, el área de Transición a la Vida Adulta y el área de Inclusión Laboral se encuentran participando como contrapartes técnicas en un proyecto, cofinanciado entre Senadis y Chile Valora, que busca generar tres perfiles de cuidadores y cuidadoras de personas en situación de dependencia, labor realizada principalmente por mujeres.

Como Senadis hemos asumido que el cambio social debe generarse a partir de la vinculación de todos los sectores de la población. En esta línea, el área de Salud y de inclusión laboral han participado de una mesa de trabajo, encabezada por el Departamento de Discapacidad y Rehabilitación perteneciente a la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública, y cuyo resultado ha sido la elaboración del documento “Orientación Técnica Habilitación y Rehabilitación para el Trabajo”, el cual pretende ser una guía que oriente a los responsables de los procesos de rehabilitación bajo la mirada de inclusión laboral de los usuarios.

Bajo lo dispuesto en la medida 20 del Programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Senadis se encuentra trabajando con diversos organismos públicos para que incorporen el enfoque de inclusión social en su oferta programática, destacando el reciente acercamiento realizado por el Instituto de Seguridad Laboral con el cual se proyecta un interesante y arduo trabajo en conjunto.

Entendiendo la complejidad que conllevan los procesos de cambio social, es que Senadis posee diversos desafíos en material de salud e inclusión laboral. Sin embargo, existen desafíos específicos en materia de salud y seguridad en el trabajo de las personas en situación de discapacidad, los cuales apuntan principalmente a eliminar las barreras actitudinales a nivel de la sociedad, especialmente en el empresariado, respecto de las reales competencias de este colectivo y el fortalecimiento del dictamen de Contraloría que niega utilización de “salud compatible” en la Administración Pública como elemento para discriminar a personas en situación de discapacidad. Dicho elemento discriminatorio también debiera eliminarse de los procesos de selección del sector privado, ya que atenta directamente contra los derechos de las personas en situación de discapacidad que desean integrarse o reintegrarse al mundo laboral.

Las diversas acciones y desafíos de Senadis son imposibles de proyectar y concretar sin el apoyo de todos, por lo que el desafío principal radica en seguir trabajando en forma conjunta con los diferentes actores del tejido social, incluyendo a nuevos ministerios y servicios en esta tarea, así como también seguir fortaleciendo la relación público-privada y, por supuesto, generar espacios para que la sociedad civil participe de la generación de ellos, ya que como dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad: “nada de nosotros/as sin nosotros/as”.