Francisco Vallejo Martínez.

El desastre natural ocurrido recientemente en Atacama se puede analizar desde diferentes puntos de vista, donde primeramente el Estado, a través de sus organismos político-técnicos, ha fallado en realizar una planificación territorial en base a los riesgos presentes en las diferentes zonas de emplazamientos humanos. Ha fallado en realizar planes de emergencia y contingencia multisectoriales, donde no se han establecido protocolos claros de actuación frente a diferentes tipos de emergencia; ha fallado en establecer protocolos postemergencia, donde no se han establecido claramente los recursos necesarios para actuar frente a emergencia. En definitiva, se ha fallado en lograr una institucionalidad que logre una gestión de la emergencia, así como también en prevención de desastres.

En segundo lugar, se puede analizar la sociedad como partícipe de las consecuencias de este desastre, contribuyendo, al utilizar las quebradas naturales, así como los encausamientos artificiales de aguas superficiales como verdaderos basurales, no teniendo conciencia respecto al uso responsable de las vías naturales de escurrimiento de aguas.

En tercer lugar, se puede analizar la industria en general, a través del uso indiscriminado de las quebradas que son utilizadas como instalaciones industriales, depósitos de relaves, extracción de áridos; la mayoría de las cuales no cuenta con estudios técnicos de degradación de cauces y arrastre de sólidos, como tampoco con los permisos correspondientes. Es por esto que la responsabilidad social empresarial debe comenzar cuando se realiza el estudio técnico de factibilidad de instalación de las industrias en determinadas zonas de alto riesgo.

Finalmente, no se puede obviar la responsabilidad compartida entre el sector público y privado de establecer asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, a través de planos reguladores que carecen de estudios técnicos para su realización, y donde muchas veces se obedece a presiones de inmobiliarias así como de organismos públicos. El claro ejemplo es lo ocurrido en Chañaral y Paipote, donde viviendas sociales son construidas en zonas de alto riesgo debido al bajo valor de los terrenos.

Si nos preguntamos cuál es el principal desafío como país para enfrentar emergencias, este es dejar de lado el letargo que por años nos ha costado la vida de cientos de ciudadanos y establecer políticas públicas que apunten a crear -a lo menos- una Subsecretaría de Prevención de Desastres y Manejo de Emergencias, asignar los recursos económicos y técnicos necesarios para afrontar este tipo de desastres, así como también despolitizar los organismos de emergencia, haciéndolos autónomos en sus decisiones.

Es necesario entender que como país hemos afrontado desastres naturales y los seguiremos afrontando, por lo cual se hace urgente que el Estado tome cartas en el asunto, haciendo de la prevención de desastres y manejo de las emergencias una política nacional que abarque al orden público y privado; que la educación para afrontar desastres comience desde la primaria, que los organismos técnicos sean dirigidos por profesionales capacitados en la materia; que se deje de ver estos organismos como meros coordinadores y pasen a ser protagonistas. No se requiere más pérdidas de vidas humanas y más desastres ambientales para entender que las consecuencias de los desastres se pueden prevenir.