Dr. Felipe Carevic Vergara.

Es sabido que cada organización debe necesariamente adoptar una serie de mecanismos internos que aseguren una eficiente calidad ergonómica a sus trabajadores, garantizando que los riesgos de accidentes sean mínimos. Este hecho ha conllevado a invertir cada vez más en aparatos tecnológicos, tales como simuladores, computadores de última tecnología o herramientas automatizadas. A modo de ejemplo, la gran minería del Norte de Chile utiliza modernas computadoras al interior de los camiones de extracción, que pueden fácilmente indicarle al operario el tamaño de carga que han extraído, los excesos de velocidad que ha cometido e incluso advertir al conductor de posibles movimientos de su cabeza asociados con la fatiga que puedan provocar sueño.

El problema, a nivel industrial, se genera al momento del término de la vida útil de estos aparatos, ya que la empresa está en una verdadera paradoja, al tener que decidir si opta por gestionar o reciclar de manera interna estos instrumentos o bien desecharlos. La gran mayoría elige implementar medidas de gestión con la finalidad de cumplir con las normas de certificación vigentes, pero un alto porcentaje decide desecharlos. Es entonces cuando surge la pregunta: ¿Es realmente un beneficio o una pérdida la gestión de estos residuos?.

En base a lo anteriormente expuesto, sabemos que uno de los grandes problemas ambientales del siglo XXI a los que se han visto sometidos, en general, los países industrializados del orbe, es la denominada basura tecnológica o e-waste. Esta categoría de residuos corresponde a cualquier gama de aparatos que guarde relación con el equipamiento tecnológico usado a nivel industrial o doméstico, en el cual se incluyen computadores, baterías y televisores.

Una de las normativas impulsadas por la Unión Europea y adoptada recientemente por países de América Latina para prevenir la contaminación generada por este tipo de residuos es el PAS 141. Este estándar -ideado durante la Convención de Basilea- incentiva a los gobiernos a reciclar la mayor parte de componentes útiles de dichos aparatos, muchos de los cuales se componen de elementos nocivos para el ambiente, como plomo, arsénico o bromo.

Su implementación trae como beneficio a los países -y en general a las empresas de dichas nacionesla adopción de un sistema integrado de gestión ambiental en residuos electrónicos, lo que abre las puertas a certificaciones ISO más complejas, además de incentivos aplicados a los impuestos por concepto de adopción de medidas de Green IT (tecnologías informáticas “verdes”, o amigables con el medioambiente). Afortunadamente en nuestro país, además de la implementación de las medidas firmadas en el Convenio de Basilea, actualmente se encuentra en trámite una ley general de residuos sólidos, la que incluirá, entre otras medidas, la gestión integral de aparatos electrónicos e industriales, la que podría transformarse en un poderoso instrumento económico para generar un aumento en las tasas de reciclaje de los residuos electrónicos que, al día de hoy, se disponen en rellenos sanitarios o vertederos del país.

Las cifras posicionan a Chile como uno de los cinco países en América Latina que generan mayor cantidad de residuos electrónicos, con aproximadamente 7.500 toneladas por año. El mayor problema radica en la alta tasa de crecimiento anual de la generación de estos residuos (en torno al 5%). En particular, las regiones de Tarapacá, Metropolitana y Antofagasta, donde están situadas ciudades con alto crecimiento demográfico e industrial, se han transformado en tres de las zonas con mayor tasa de generación de estos desechos. Además, tenemos un bajo porcentaje de reciclado, que alcanza cifras cercanas al 12%, lo que también resulta todo un desafío, pues ese bajo porcentaje muchas veces desincentiva el aplicar políticas de gestión de e-waste en las empresas.

Asimismo, la opción de subcontratar alguna pequeña o mediana empresa que se encargue directamente de gestionar este tipo de residuos suscita un bajo interés, ya que estas compañías optan por priorizar el tratamiento de residuos domiciliarios, dado su alto volumen en comparación con los e-waste.

Una implementación masiva de prácticas de reciclaje por parte del núcleo industrial de nuestro país, podría transformarse en un foco de atracción para futuros planes de gestión ambiental ligados a esta clase de residuos en Chile, hecho que sin lugar a dudas beneficiaría directamente la calidad de vida de sus habitantes e impulsaría la apertura económica en torno al negocio del reciclado de tecnología electrónica.

Es requisito fundamental que el capital industrial de Chile vea estos medidas como un beneficio a nivel interno y ambiental, el que necesariamente debe ir acompañado de incentivos de reducción de impuestos fiscales por parte del Gobierno al momento de adoptar estos procesos.