Juan Ladrón de Guevara.

¿Qué tan limpia es actualmente la producción en Chile?
Hoy podemos decir que los procesos industriales son muchísimos más limpios que cuando se empezaron a desarrollar acciones ambientales en Chile hace más de 20 años; pero esto sigue siendo un proceso de mejora continua. A principios de los ‘90, los niveles de contaminación eran varios ceros más de lo que se emite hoy en día a nivel industrial. Por ejemplo, las fundiciones de cobre en esa época emitían entre 3 y 4 millones de toneladas, mientras que hoy se están emitiendo cerca de 30 mil toneladas. Si bien cuesta comenzar (porque se están echando a andar procesos que no estaban dentro del mapa de necesidades de una empresa), el país ya ha hecho un enorme esfuerzo, por ejemplo, en descontaminación de las fundiciones y en reducción de emisiones a los cuerpos de agua. Asimismo, Chile es una de las pocas naciones latinoamericanas que tiene un tratamiento de más de un 90% de las aguas servidas. Entonces, claramente, hemos ido reduciendo en todos los frentes (residuos urbanos, ruido, entre otros).

¿Cuáles son las “deudas” aún pendientes?
Donde tenemos más deudas es en los residuos sólidos. El actual modelo institucional es difícil, ya que involucra a los municipios, que son instituciones muy heterogéneas: algunas cuentan con sistemas muy desarrollados -como lo pueden ser Santiago y Providencia-, mientras que otras están muy débiles en este tema y los costos que significa la gestión del residuo, les resultan muy altos.

Aunque Chile ha desarrollado acciones en este ámbito y obtenido una alta tasa de reciclaje, todavía tenemos muchas disposiciones en relleno y el país sigue produciendo residuos. Por ello, la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) apunta a cambiar la propiedad del residuo, lo que también pasa por educar al consumidor.

En este escenario, ¿cómo operan los Acuerdos de Producción Limpia (APL)?
El concepto de producción limpia implica que, como organismo, revisamos los procesos de la empresa para estudiar las oportunidades de mejora, como por ejemplo, reducir las emisiones por chimenea u optimizar el uso del agua en los procesos. Para esto, debíamos involucrarnos con la compañía sin que se considerase un control.

Entonces, vimos la posibilidad de entrar a las empresas desde una lógica voluntaria, donde les mostráramos con un estudio los puntos en que podían generar eficiencia en su producción y, eventualmente, apoyarlas monetariamente para financiar algunas inversiones. Con ello, lo más probable era que una compañía accediera a este acuerdo para reducir sus emisiones de residuos. En este escenario, lo que resultó fue una relación de confianza público-privada en que el Estado no viene a cursar una multa ni a buscarle debilidades que luego pueda denunciar. Se le dio una estructura similar a una auditoría, donde se identifican los puntos de mejora, se discuten con los dueños las acciones a realizar, se implementan y finalmente se evalúa y certifica el cum plimento de metas y la realización de los procesos correspondientes.

¿Debe el APL seguir siendo voluntario?
Soy un convencido de que esto debe seguir siendo voluntario, ya que cuando se hace de esta forma las empresas lo toman con mucha más convicción. De hecho, nuestra ambición es ampliar el concepto voluntario a otras esferas. Hemos visto cómo las empresas empiezan a preocuparse de otras temáticas, como las comunidades y el cambio climático. Entonces, se expande la mirada; ya no es solo producción limpia en el sentido “clásico”, sino que ahora se presenta la sustentabilidad como paradigma, pero siempre bajo el acuerdo voluntario.