| Hacia una Ley General de Residuos | | | Por Alejandro Donoso Henríquez, Subgerente Seguimiento y Monitoreo Ambiental de SGA, Monitoreo Ambiental. | | | | |  | | Ante el escenario actual chileno se hace necesario redefinir el enfoque de la gestión de los residuos sólidos, desde el aspecto meramente sanitario hacia un proceso donde se privilegie la minimización, reciclaje, reutilización y la adecuada valorización, incluyendo su aprovechamiento energético.
Chile tiene un gran pasivo ambiental acumulado en materias de residuos sólidos. Este pasivo aumenta rigurosamente conforme continúa el crecimiento económico, con una generación superior a un kilo diario por persona y con un porcentaje de aumento de aproximadamente 2,2% cada 5 años.
Desde el año 2005 se viene trabajando en miras de una ley general de residuos, donde el primer producto fue la actual política de residuos sólidos. Esta política, que en forma acertada establece una estrategia jerarquizada en la gestión de residuos, prioriza planes y acciones destinadas a evitar que se generen residuos, a reducir aquellos que se produzcan, a valorizar toda la cadena de producción de residuos, y, en última instancia, disponer en rellenos sanitarios aquellos residuos inertes de una manera adecuada. Sin embargo, a la fecha esta política es letra muerta.
El Ministerio de Medio Ambiente demoró casi cinco años en ingresar al Congreso una mal llamada “ley general de residuos”, cuyo resultado fue un proyecto de ley tímido y sin ambiciones, que pone el énfasis en la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), perdiendo una oportunidad única de concretar el trabajo realizado entre los años 2005 y 2010.
Peor aún. Durante la redacción de esta iniciativa, se evitó involucrar a la ciudadanía en esta discusión que es fundamental y los pocos aspectos que se conocieron, previo a su ingreso al Congreso, fueron a modo de trascendidos o rumores. El proceso llamado “Santiago Recicla” -que impulsó la ciudadanía durante el año 2009, en el cual se involucraron 90 actores provenientes de reparticiones públicas, empresas privadas, ONGs y el movimiento de recicladores- no fue considerado, pese a que desde ahí surgió una interesante propuesta que debería ser incorporada al actual debate.
Normativa insuficiente
El actual proyecto de ley carece de aspectos claves, que sí o sí deben incorporarse durante la discusión parlamentaria. Uno de ellos es el reconocimiento a la función social del reciclaje inclusivo. Se debe generar un mecanismo de inclusión para los cerca de 70 mil emprendedores mal llamados “cartoneros” y bien llamados “recicladores de base”, quienes son los responsables de que en este país se recicle el 70% de los residuos que reciben las empresas recicladoras.
En esto el Estado tiene un rol clave, a través del diseño e implementación de políticas públicas participativas que incidan directamente en la gestión de los residuos y la incorporación efectiva y formal de los recicladores de base en este sistema. Dentro del proyecto de ley, los recicladores de base solo son mencionados como gestores; no se les considera dentro del sistema de gestión en el marco de la Responsabilidad Extendida del Productor, lo que podría traer problemas ambientales, sociales y económicos, debido a la falta de herramientas e infraestructura, excluyéndolos del sistema. Esta iniciativa legal es una oportunidad para que la norma contemple un estatuto jurídico que los dote de derechos laborales; les entregue competencias para su emprendimiento y facilite y regule su relación con los municipios, grandes generadores de residuos y los ciudadanos.
Asimismo, con respecto a los municipios, la norma debería fortalecer las capacidades de prevención, gestión y participación de las municipalidades, estableciendo recursos e infraestructura para que estas instituciones asuman la gestión integral de residuos.
 Junto con ello, es fundamental que se generen mecanismos de educación a la comunidad y un sistema fuerte de fiscalización, sin los cuales la efectiva aplicación de esta legislación será deficiente y no cumplirá los objetivos principales para los cuales fue creada.
Para poder concretar este último aspecto, es necesario dotar con mayores recursos a los profesionales del Ministerio de Medio Ambiente y agrupar en un solo cuerpo legal la actual dispersión de normas, las que están actualmente bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y las facultades fiscalizadores radicadas en el Ministerio de Salud. El paradigma de la trazabilidad ha llevado a que cada día aumente la necesidad de verificar en detalle el cumplimiento de la normativa y los compromisos ambientales asumidos por las empresas. Lo exige la ciudadanía que hoy accede de manera virtual a expedientes públicos, aumentando el estándar de transparencia. En este sentido, es destacable que el proyecto de ley establezca un notable avance con respecto al registro de información, lo que significará tener certeza de donde fueron a parar los residuos que cada uno genera.
En definitiva, esta iniciativa legal carece de una apuesta clara por la reducción de la producción de residuos. Deja con gusto a poco y muy lejos de cumplir los estándares OCDE. La reducción debe ser el pilar de toda nueva ley de residuos en un mundo donde los recursos económicos son cada vez más escasos. La ventaja ambiental, económica y social de tener mayores niveles de reciclaje es incuestionable; por ello es fundamental contar con una ley marco de residuos, que priorice la reducción de la generación de residuos, establezca objetivos y mecanismos concretos con este fin, apueste por la gestión descentralizada, basada en el principio de la proximidad; y por último, exija a las autoridades competentes a tratar mediante el compostaje y la digestión anaerobia la fracción orgánica de los residuos domésticos.
De incorporarse estos cambios, Chile podría pasar a estar dentro de las primeras líneas en lo que a reducción de residuos se refiere. | |
