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¿Ha avanzado Chile en su lucha contra el Cambio Climático?
Por Ricardo Jiménez, KPMG.

El progreso hacia un acuerdo internacional que reemplace el ya agonizante protocolo de Kioto -enfocado a detener el cambio climático-, ha sido dolorosamente lento. Su puesta en marcha ha sido frustrada por desacuerdos fundamentales entre los países involucrados y actualmente por la crisis financiera.

Durante los últimos años, muchos han planteado que el futuro de la lucha contra el cambio climático iba a estar ligado principalmente a realizar esfuerzos nacionales y regionales. Después de todo, las negociaciones para un acuerdo global son un negocio frustrante. No solo las ciencias climáticas están en constante evolución, sino que también los 197 países de la convención tienen intereses y puntos de vista diametralmente opuestos.

Sin embargo, Chile ha dejado parte de las diferencias que existen entre los países, las que giran en torno al concepto de las responsabilidades históricas de cada uno de ellos. Esta es la idea detrás del pensamiento de que los países considerados industrializados lograron sus riquezas a costa de la emisión descontrolada de gases efecto invernadero, por lo que debiesen ser ellos los primeros en actuar, y a los países en desarrollo se les debiese permitir desarrollarse antes de que se les limite la cantidad de emisiones de estos gases.


Nuevas acciones

Dentro de este contexto, vemos cómo poco a poco se ha ido avanzando en la lucha contra el cambio climático en el país. Ello se ve reflejado a través del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y de diferentes tipos de proyectos, como MAPS, iniciativas para la identificación, desarrollo e implementación de NAMAs (acciones de mitigación apropiadas a cada país), análisis de vulnerabilidad de sectores como recursos hídricos, salud e infraestructura y, finalmente, el desarrollo de planes nacionales de adaptación para diversos sectores (silvoagropecuario, pesca y acuicultura, y biodiversidad), los cuales han sido impulsados por el Ministerio del Medio Ambiente con el apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales.

También el sector privado ha hecho lo suyo. Muchas compañías locales han realizado sus inventarios de gases de efecto invernadero y han comenzado a realizar la gestión de sus emisiones, ya sea a través de programas de reducción en el consumo energético, desarrollo de energías renovables, implementación de nuevas tecnologías, etc. Además, otras empresas han implementado planes de compensación de emisiones a través de la compra de bonos de carbono, reforestación o proyectos de captación de CO2.

Asimismo, buscando generar mayor competitividad, especialmente en mercados internacionales, el sector privado ha avanzado en la medición de la huella de carbono de productos y servicios, lo que ha llevado a las empresas a tener acción a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, con un especial interés en la cadena de suministro; primero, exigiendo a sus proveedores más compromiso a través del cumplimiento de requisitos ambientales más estrictos y, segundo, acompañándolos a eficientar sus procesos a través de buenas prácticas.


La arista política

De igual modo, cabe destacar que, si bien se han realizado progresos en Chile, aún falta mucho por hacer con respecto al objetivo de disminuir o estabilizar las emisiones a nivel país. Debido a esta situación, desde hace algún tiempo se ha venido trabajando en un marco político que le pueda dar vida a un mecanismo de comercio de emisiones (Cap & Trade, Carbon Tax), iniciativa pública que ha involucrado al sector privado como actor principal, debido al impacto que tendría en la forma cómo las empresas han asumido la lucha contra el cambio climático en Chile, al convertirla desde un tema netamente voluntario a uno obligatorio.

Un marco político consistente traería consigo una serie de beneficios. Con un mecanismo de comercio de emisiones en funcionamiento, legalmente vinculante, las empresas e inversionistas sabrían que el sentido de la marcha no va a cambiar, independientemente de los acontecimientos del día a día. Solo ahí existiría la claridad y seguridad necesarias para realizar inversiones tecnológicas a largo plazo que puedan combatir el cambio climático.

También un mecanismo local crearía transparencia, permitiendo que los esfuerzos de las empresas pudiesen ser medidos y comparados, lo que permitiría asegurar que la lucha contra el cambio climático en un lugar no se limite a trasladar actividades contaminantes a otros países (carbon leakage). Igualmente, traería elementos de estandarización en la medición, reporte y verificación de las emisiones declaradas por las empresas, logrando que todos sepan que están peleando la misma batalla, bajo las mismas reglas.

Por último, y no menos importante, está la captación de fondos internacionales para proyectos de inversión en iniciativas enfocadas a reducir o estabilizar las emisiones de CO2, fondos que podrían, por ejemplo, ser obtenidos a través del fondo climático verde (US$100 billones por año), el cual entra en operación este año y es uno de los pocos logros obtenidos en la COP de Durban en 2011
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Septiembre 2013
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