TRABAJADORES ADOLESCENTES Silenciosa realidad que provoca más de 800 accidentes al año

Por Alejandro Rodríguez, Jefe de Proyectos de Responsabilidad Social de la ACHS.

Erróneamente, pensamos que en Chile el trabajo infantil está erradicado; sin embargo, es una realidad mucho más común de lo que se cree y de lo que nos gustaría. Por ley, un menor de 15 años simplemente no debe trabajar; y en el caso de los adolescentes, está permitido pero bajo estrictas condiciones, que, lamentablemente, no siempre se cumplen.

Para los jóvenes de entre 15 y 17 años, nuestra legislación habla de trabajo protegido, con una jornada que no debe superar las ocho horas diarias, con un máximo de 30 a la semana y con contrato registrado en la Inspección del Trabajo. Además, por ley se especifica que debe ser una labor liviana que no perjudique la salud y desarrollo del menor. También se exige la expresa autorización del padre o la madre, certificar la continuidad en los estudios y establecer la prohibición de labores nocturnas (22:00 pm – 07:00 am), trabajos peligrosos, en contacto con sustancias tóxicas y cualquiera que implique tomar decisiones relevantes, entre otros requisitos. Pese a ello, entre 2008 y 2012, solamente a la Asociación Chilena de Seguridad, es decir, sin contar a las otras mutualidades ni al ISL, ingresaron 4.117 adolescentes accidentados, lo que implica un promedio de 823 casos cada año. Cobertura por accidentes No hay una cifra oficial respecto de los menores que hoy día trabajan, dato que es relevante para el desarrollo de políticas públicas y para que estos jóvenes puedan contar con la adecuada protección de salud y prevención de riesgos. Sin ello, ante un accidente laboral muchos adolescentes no reciben la debida atención médica o bien deben pagarla de su bolsillo, al no contar con un contrato y, por ende, no estar cubiertos por la Ley 16.744. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó a partir del año 2002 que cada 12 de junio se conmemoraría el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, como una forma de rechazo ante esta realidad que afecta a 215 millones de niños y niñas en el mundo. Esta es, entonces, una oportunidad para detenernos especialmente en el trabajo de adolescentes: menores de edad, en su mayoría hombres, procedentes de zonas rurales, que se desempeñan en el comercio o la agricultura. La mitad lo hace en condiciones de riesgo y una proporción similar abandonó sus estudios, mientras que un 40% tiene atraso escolar. En cuanto a los accidentados, las estadísticas de la ACHS indican que pertenecen principalmente a faenas agrícolas, hoteles y restaurantes. Cuando las empresas cotizan el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, lo hacen con el RUT y nombre del trabajador, y no con la fecha de nacimiento. Esta es la razón de que nos enteremos de la existencia de ese adolescente trabajador únicamente cuando requiere atención médica. Eso, sin hablar de los casos fatales, como el de quien encontró la muerte al recibir una descarga eléctrica mientras cambiaba una paleta publicitaria en Coquimbo. Esta carencia de información, además, dificulta hacer prevención, pues nos enfrentamos a un segmento de la población laboral que no se sabe bien dónde está ni a cuántas personas alcanza. Fuente: Achs. Haciéndose cargo de esta realidad, el año 2010 la ACHS implementó -junto con la OIT- el programa “Protección del adolescente trabajador”, iniciativa expuesta en Ginebra, Washington, Buenos Aires y Bogotá. En 2012, Acción RSE y Pacto Global se sumaron para crear la Red Chilena Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador, que integran también Telefónica, Sodimac y Banco Itaú. Como vemos, se han dado algunos pasos y seguiremos avanzando en los esfuerzos por proteger a estos jóvenes, todavía niños, para quienes trabajar puede ser una opción, pero en muchos casos es una necesidad o incluso una obligación impuesta por los adultos a su cargo. Sin embargo, estas acciones resultan ínfimas si como país no logramos entender que éste es un tema de responsabilidad social, que requiere ser abordado por toda la comunidad: autoridades, empresas, organismos de educación, organizaciones de trabajadores, padres y apoderados, entre otros. La mirada debe enfocarse también en las causas que generan el trabajo infantil (pobreza, falta de educación, aceptación social del niño - trabajador) y no seguir vulnerando el derecho de nuestros niños y adolescentes a estudiar, recrearse y forjar su propio futuro. Y si han tenido que vestirse de adultos para enfrentar prematuramente el mundo laboral, depende de todos que lo hagan en forma digna y segura.