Hace pocas semanas ocurrió un lamentable incendio en un centro comercial de Siberia (Rusia), en el que fallecieron 64 personas, 41 de ellas menores de edad. Una tragedia similar a la registrada en el Supermercado “Ycuá Bolaños”, ocurrida en Paraguay en 2004, con 494 personas, o el de la Discoteque Kiss en Brasil, el año 2013, con 239 muertos.

En todo el mundo, los incendios en edificios ocurren, generando no solo grandes pérdidas materiales, sino también personas lesionadas y, más importante aún, fallecidas. Asimismo, muchas empresas quiebran, sus trabajadores pierden su fuente laboral y, en el mejor de los casos, hay seguros comprometidos que pretenden, en cierta medida, recuperar lo perdido. No obstante, pocas veces se conocen las causas del incendio para saber qué está fallando, si los sistemas de protección estaban bien diseñados o si cumplían con los estándares mínimos requeridos por ley.

Todo edificio en Chile debe contar con protección contra incendios, siendo la más relevante la protección estructural contra el fuego, pues evita su propagación e impide el colapso temprano de la estructura, garantizando una evacuación segura y el rescate de las personas afectadas.

Sin embargo, cabe preguntarse si las edificaciones en nuestro país están correctamente protegidas contra incendios. Interrogante sin respuesta certera y que quisimos contestar en esta columna.

Desde 2014, hemos realizado -en conjunto con la Universidad de Concepción- cuatro investigaciones referentes a estructuras de las edificaciones, por lo que accedimos (por Ley de Transparencia) y revisamos los expedientes municipales de 110 edificios aprobados y en uso en la VIII Región. Dentro de estos estudios, se analizaron los proyectos de arquitectura y cálculo, así como también los estudios de carga combustible, los certificados de protección al fuego de pinturas intumescentes y morteros proyectados.

Los edificios evaluados son de uso público y privado, como hospitales, colegios, centros comerciales, pesqueras, forestales, fábricas, plantas de procesos, bodegas, etc. Sin más rodeos, el resultado es desalentador, pues el 100% de los edificios no están cumpliendo con la protección estructural contra incendios exigida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). 

• Falta de educación: Arquitectos, ingenieros civiles y constructores, al ser profesionales, tienen la facultad de firmar proyectos, pero en las mallas curriculares de sus carreras no existe una asignatura de diseño contra el fuego. En otras palabras, las universidades no están preparando a los futuros profesionales responsables en la protección contra incendios de los edificios.

• Errores de diseño: Sin el conocimiento adecuado, los diseños de los proyectistas carecen de una correcta protección contra incendios, pudiendo observarse estudios de carga combustible y de masividades incorrectos, clasificaciones de edificios incorrectas, etc.

• Errores de revisión: Los revisores independientes no han sido educados en estas materias, por lo que no están detectando los errores de diseño de la protección contra incendios.

• Errores de construcción: Las constructoras ejecutan especificaciones incorrectas, por lo que si no tienen profesionales capacitados, no detectan los errores y construyen fuera de norma. Aplican pinturas intumescentes de forma incorrecta, no cumplen con espesores necesarios o incluso las emplean en estructuras que no las permiten, situación que se repite con los morteros y placas.

• Errores de laboratorios: Detectamos informes incorrectos emitidos por laboratorios reconocidos que no cumplen las normas vigentes de inspección de pinturas intumescentes y morteros proyectados.

• Errores de inspección: Sin el conocimiento adecuado, los inspectores no pueden revisar la ejecución de las obras correctamente, emitiendo certificados erróneos.

• Nula fiscalización: Las Direcciones de Obras Municipales (DOM) del país no fiscalizan la seguridad contra incendios. Aprueban edificios en falta y nunca los fiscalizan, por ende, continúan en esa situación. Las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Salud deben fiscalizar el cumplimiento del DS 594, pero no están fiscalizando el artículo 4 y las construcciones no están cumpliendo la OGUC, como es exigido en dicho artículo.

• Mejorar la educación: Mejorando la educación universitaria y técnica, los profesionales tendrán los conocimientos adecuados en estas materias.

Como consecuencia, se tendrían dise- ños, revisiones e inspecciones técnicas correctas.

• Mejorar el control de obras: Se debe exigir que los laboratorios y organismos de control estén acreditados en las normas vigentes, lo que garantizará la correcta ejecución de las protecciones de los edificios.

• Fiscalización: Las DOM y Seremi de Salud deben fiscalizar los edificios en uso, velando por el cumplimiento de las normas, garantizando la seguridad de las personas.

• Actualización de normas: Se deben actualizar las normas existentes e incorporar nuevas, además de actualizar el Listado Oficial de Comportamiento al Fuego de Elementos y componentes de la Construcción, cuya última versión data de 2014.