La seguridad y la protección de los trabajadores es uno de los temas de mayor interés para las empresas que, cada vez en mayor número, están apostando por una política de cero accidentabilidad laboral. En este sentido, los Elementos de Protección Personal (EPP) dejan de situarse en el último escalón de importancia y pasan a ser elementos demandados por los mismos trabajadores y que incorporan cada vez más tecnología para reducir la frecuencia de accidentes en la organización.

“La relevancia que tienen actualmente los EPP va muy de la mano del criterio y de la cultura nacional. Los asesores, expertos y profesionales de la prevención de riesgos están dando gran énfasis a los EPP, considerando el uso de herramientas auxiliares, como cuchillos retráctiles, y exigiendo que estos cuenten con certificaciones rigurosas. Hoy se ve que ha cambiado la categoría del EPP a un nivel de mayor importancia”, comenta Juan Riquelme, Key Account Manager de Seguridad Industrial de Lioi.

En este sentido, Eliecer Cabrera, Ejecutivo Comercial del Área Industrial de Cesmec -empresa perteneciente al grupo Bureau Veritas- señaló que “estas instancias de reunirnos entre los actores de la industria son relevantes para poder ver de qué forma podemos mejorar y qué podemos hacer como sector para darle un impulso al negocio”.

Si bien las políticas de protección personal y sus productos asociados están reguladas, lo cierto es que la legislación correspondiente no se ha actualizado a la misma velocidad con la que lo han hecho los mismos elementos de protección personal. “Los lugares de trabajo han cambiado y, por consiguiente, en muchos casos se requieren otros tipos de EPP. Sin embargo, la cantidad de normas que hay en Chile es bien limitada y creo que es importante normalizar más este tema y adecuarnos también a lo que viene de afuera”, indica Cecilia Simón, Product Certification Manager de Cesmec.

El ejecutivo de Lioi añade que los parámetros considerados en la normativa nacional son muy generales, contrariamente a lo que sucede en la americana o en la europea, que se centra en los productos específicos, protegiendo a los trabajadores, por ejemplo, frente a la exposición a riesgos asociados a químicos o a cortes.

Juan Riquelme, LIOI.

Eliecer Cabrera, CESMEC.

Cecilia Simón, CESMEC.

Fabián Hormazábal, DICTUC.

Marcela Alvarez, ANDEXPORT.

Mauricio Ovalle, MAX SERVICE.

Por su parte, Fabián Hormazábal, Subgerente de Energía Sustentable de Dictuc, sugiere que es necesario que la normativa chilena adopte más elementos de la extranjera, ya sea adaptándola u homologándola. “Hay muchas normas que apuntan a productos más antiguos, quizás hay artículos más cómodos o económicos, pero tal como existe ahora, la regulación no deja certificar. Hemos tenido algunas conversaciones con el ISP, pero falta agilidad para resolver este tema. Falta consensuar normas, ponernos de acuerdo y, para ello, que se sumen más actores interesados”.

La antigüedad de la normativa nacional es vista como una limitante por Marcela Álvarez, Asesora en Prevención de Riesgos de Andexport. “En nuestro caso, un ejemplo son los guantes de corte, que trabajamos bajo la certificación brasile- ña del proveedor. Entramos en contacto con Cesmec, pero ellos no tienen la capacidad de certificar guantes de corte, lo que nos significa una limitante, pues necesitamos la certificación chilena. La homologación que se hace en el ISP es un trámite muy costoso, largo y engorroso, siendo que podría ser más expedito pensando en que las nuevas tecnologías favorecen directamente a los trabajadores, que finalmente están trabajando con equipamiento limitado”, explicó.

Dado que la modificación de una normativa en Chile es un proceso que requiere mucho tiempo y compromiso de parte de los interesados, una opción en la actualidad es lograr que el elemento de protección personal quede inscrito en el registro de productos autorizados del ISP. “Este registro es una opción que habilitó el ISP entendiendo que hay productos que requieren certificación, pero para los que no hay una normativa chilena y al que se accede presentando antecedentes técnicos del artículo. Son muchos los productos que requieren normas y que no están autorizados en Chile”, explica Cecilia Simón.

Por su parte, Mauricio Ovalle, Brand Manager de la línea Calzados en Max Service, que comercializa en Chile Puma Industrial, comenta que con dicha marca “tuvimos la oportunidad de ser la primera en calzado de seguridad del ISP y eso fue principalmente demostrando toda la tecnología que incorporan nuestros productos, como materiales ultra respirables y otros avances que van en directo beneficio de los trabajadores. Ello nos permitió poder comercializar el calzado sin las barreras típicas que se presentan con las normativas”.

En palabras de Juan Riquelme, desafortunadamente esta es la realidad actual en nuestro país, donde el ISP puede tardar hasta más de un año en entregar una resolución para poder comercializar elementos de protección personal. “La capacidad técnica y de recursos del Departamento de Salud Ocupacional del Instituto es baja para la demanda que presentamos, lo que nos lleva a tener una demora. Entonces, más que en importadores y fabricantes, creo que el problema recae en el Estado, que no tiene la capacidad de exigir o validar a un organismo certificador que cuente con las competencias o llamar a una mesa de trabajo para validar y actualizar la normativa nacional”, indicó el ejecutivo de Lioi.

A su juicio, un comité de este tipo es indispensable para avanzar en la materia, pero debe estar conformado por profesionales y técnicos competentes. “Necesitamos a la gente que está en terreno, que ve la realidad del usuario y las deficiencias, a alguien que converse con el trabajador y que sepa realmente cuáles son los riesgos a los que está expuesto y qué es lo que necesita”, agregó. Otra opción para modificar la normativa es, según la ejecutiva de Cesmec, solicitar al ISP que abra un comité, el cual debe ser financiado por los participantes.

Una alternativa adicional es el Instituto Nacional de Normalización, cuyo proceso consiste en homologar las normas a la certificación ISO. “Cuando se intentó esta opción también hubo algunas aprensiones, pues saltábamos de una normativa del año ‘70 sin puntos intermedios. Como en cualquier materia, creo que si hay un grupo interesado es posible pedir al ISP la apertura del comité, y este tiene que acoger la solicitud, pero siempre que haya financiamiento. El INN también tiene un sistema donde los interesados se pueden reunir, armar un proyecto que se presenta avanzado y se llama solamente a la revisión de un documento, un proceso que es más fá- cil que partir de cero”, afirmó la ejecutiva de Cesmec.

La seguridad ha ganado preponderancia entre las empresas no solo desde el punto de vista regulatorio, sino que también desde una perspectiva cultural. Las empresas están conscientes de que tener un trabajador no protegido y que se accidenta es muy grave, por lo que necesariamente deben cumplir con la legislación y con las nuevas políticas de protección a trabajadores.

“Más que los compradores o que los mismos prevencionistas, son los mismos trabajadores, quienes, con mucho acceso a la información sobre la normativa, se han convertido en los principales gestores de elevar los niveles de calidad”, aseguró Juan Riquelme, de Lioi. De este modo, son muchas las empresas de diversos rubros, como minería, construcción e incluso la industria salmonera, las que están apostando por la seguridad de los trabajadores haciendo una inversión importante en los elementos de protección que garantizan un trabajo seguro.

A juicio de Marcela Álvarez, esta inversión en EPP genera también un beneficio a nivel corporativo al asegurar una menor rotación del personal. “Si a un trabajador le ofreces dos puestos con las mismas condiciones, va a preferir la empresa que le entrega beneficios de seguridad y que entiende el proceso de seguridad. Antes, el trabajador pensaba que los EPP eran una molestia, pero ahora están en conocimiento de que deben usarlo y que es obligación del empleador proveerlo”, dijo.

Sin embargo, esta visión de la seguridad no es siempre compartida en el segmento corporativo y, a juicio de los proveedores, hay muchas firmas que redujeron considerablemente su inversión promedio en EPP por trabajador.

“Yo vi que entre 2016 y parte de 2017 el ticket promedio del calzado bajó mucho, pero también vi empresas que se empezaron a modernizar y que pasaron de la bota de PVC a comprar botas de poliuretano y ese cambio era netamente pensando en el beneficio de los trabajadores. Pero, en muchas compañías, la decisión fue por abaratar costos”, indicó el ejecutivo de Max Service.

“Lamentablemente, para el empresariado todavía la seguridad es un gasto y eso es lo primero que tiene en mente. Uno puede ofrecer mejoras, pero el precio es un determinante para ellos, ya que no lo ven como una inversión. Es un tema cultural que cuesta cambiar y son pocas las empresas que ven que prevención implica aumento de productividad y que va en beneficio de los trabajadores”, añadió Mauricio Ovalle.

El desconocimiento sobre los elementos de protección de seguridad, desde para qué sirven hasta qué significa que estén certificados, es una experiencia a la que se han enfrentado muchos proveedores de EPP. Sin ir más lejos, Cecilia Simón, de Cesmec, relató el caso de una empresa que reclamó por un “zapato antigolpes” certificado que no evitó la fractura de un trabajador tras recibir el impacto de la caída de un durmiente de ferrocarril desde una altura de un metro.

“La gente piensa que si un producto cumple con una norma cubre cualquier accidente y evento. Al certificar, se garantiza que cumple con los requisitos normativos y no cubre un mal uso o un uso inadecuado, que va más allá de lo que establece la norma. Falta mucho conocimiento. La gente piensa que porque tiene un elemento de protección, está cubierto para todo”, explicó la ejecutiva. Este desconocimiento es lo que Fabián Hormazábal describe como el concepto de “falsa seguridad”, es decir, hacer un trabajo con un elemento de protección inapropiado. “Entonces, se lleva a cabo la labor, pensando que estás protegido, pero a veces hasta sería mejor no usarlo”.

De esta forma, además de las barreras normativas que limitan el desarrollo de la industria de los EPP, hay también una responsabilidad de parte de los proveedores de educar y capacitar en cuanto a la adquisición y uso de estos elementos. A juicio del ejecutivo de Max Service, este negocio mueve tanto dinero anualmente que la capacitación pasa a segundo plano. “El tema pasa por mejorar la educación de los usuarios y de los prevencionistas que toman la decisión de compra. Ellos no siempre saben de marcas o de toda la tecnología detrás de un EPP, por lo que muchas veces llega el vendedor y solo trata de vender”. Asimismo, la educación debe llegar también hasta el usuario final, pues según Fabian Hormazábal, de Dictuc, en muchas empresas sienten que la responsabilidad corporativa termina con la entrega del elemento de protección a los trabajadores.

“De parte de la empresa usuaria, se sienten responsables de cumplir con la obligación de entregar el EPP, pero si no se usa, el problema es del trabajador. No se preocupan de capacitarlo en cómo usar el elemento de protección ni para qué tipo de trabajo sirve. Falta avanzar en esa cultura de capacitar al trabajador para usar el EPP y también de la empresa que comercializa en el sentido de ofrecer una asesoría y no solo un producto.

Según Marcela Álvarez, este es el enfoque que ha adoptado Andexport. “Hemos sido innovadores al colocar un prevencionista en el proceso comercial y los colegas prevencionistas del cliente lo agradecen, porque hablamos el mismo lenguaje. Ciertamente, hay mucho desconocimiento sobre los productos, por eso esta estrategia ha tenido un nivel de aceptación muy amplio. Nos preocupamos de que entiendan cuál es el proceso y para qué sirve, de que el trabajador pueda usarlo y de comprobar si realmente le sirvió para el trabajo. Pero falta que este servicio postventa sea más generalizado a nivel industrial”, indicó.

El desconocimiento se extiende también a la duración de los EPP, por cuanto llegó incluso a surgir un mito sobre el vencimiento de los cascos de seguridad. “Los cascos vienen con fecha de fabricación, pero surgió el mito que era la fecha de vencimiento. La duración de los EPP va de acuerdo con su uso. Y ahí deberían estar los prevencionistas para hacer una revisión periódica y determinar si se puede seguir usando”, señaló Cecilia Simón.

Dado lo atractivo del negocio de los EPP, el interés por participar crece, haciendo aún más profundo el desconocimiento en cuanto a su uso y venta. De acuerdo a Mauricio Ovalle, hoy son muchas las pequeñas empresas comercializadoras que cuentan con la capacidad de respuesta en precios, pero que no se preocupan del entrenamiento de su fuerza de ventas ni de la capacitación a usuarios.

Según Juan Riquelme, de Lioi, este problema llegaría a su fin una vez que se publique un nuevo reglamento sectorial que obligue a toda empresa proveedora e importadora de elementos de protección personal a contar con personal calificado y competente en el área. “Y ahí surge un nuevo problema: ¿quién lo va a fiscalizar? ¿Y cómo capacitamos al fiscalizador para que cuente con los conocimientos necesarios?”.

“La capacitación es fundamental, pero son cambios culturales que ocurren a muy largo plazo, y las empresas lo ven como un gasto pues no obtendrán ningún retorno inmediato; los resultados no son mañana”, añade Fabián Hormazábal, quien hizo un llamado a trabajar en conjunto para mejorar las normas que regulan el mercado.

“En Chile hay mucha norma que quedó ahí y que no se ha actualizado respecto a las nuevas tecnologías. Por ello, debemos tener la voluntad de participar en comités, de ponernos de acuerdo, de trabajar en conjunto y ver cómo nos podemos actualizar”, concluyó el Subgerente de Energía Sustentable de Dictuc.