Gestionar una emergencia desde el punto de vista de la respuesta operativa no es fácil, y requiere de los recursos necesarios (humanos, técnicos, herramientas, comunicacionales, etc.) disponibles en tiempo y forma. Ahora bien, si pensamos en coordinar todos estos recursos en grandes extensiones de terreno, la situación se torna aún más compleja. Esto es lo que sucede con los incendios forestales. La pasada temporada de incendios forestales en nuestro país, dejó al descubierto una carencia de poder de gestión en tiempos de emergencia: falta de recursos (en todo sentido); equipos inapropiados; subutilización de los recursos existentes en algunos casos y sobreexigencia en otros; poca capacidad de adaptación (mayormente administrativa); y por último, múltiples líneas de mando que, a fin de cuentas, terminan por ralentizar las operaciones cuando es necesario apurar los procesos.

No existe una receta mágica para solucionar estas carencias de un día para otro, pero sí se requiere tomar ciertas medidas en orden lógico que favorecen la respuesta ante este tipo de incidentes. En este sentido, dotar a las unidades territoriales básicas (municipalidades) de un sistema de evaluación y gestión de recursos ante emergencias más eficiente es fundamental para el éxito de la gestión.

La primera respuesta ante tales eventos se manifiesta a nivel local, por lo que una inadecuada intervención, evaluación y gestión, termina por incrementar el incidente con resultados que pueden ser catastróficos. Si bien es cierto que el 90% de los incendios forestales los controla Conaf antes de que superen las 5 hectáreas (según datos proporcionados por la propia institución), no son precisamente estos siniestros los que dejan al descubierto nuestra problemática.

Coordinar las operaciones de respuesta en donde participan Bomberos, Carabineros, Conaf, BRIFE, BRIFAR, organizaciones privadas de respuesta a emergencias, más todos los recursos municipales, maquinaria, camiones aljibe, etc., no es tarea fácil. Para tener éxito en esta labor, existe en Chile una normativa que está incorporada a nuestro cuerpo legal que aporta una visión más amplia y general sobre la gestión de emergencias.

En efecto, la NCh ISO 22.320 - Gestión de Emergencias, Protección a la Ciudadanía y Requisitos para la Respuesta a Incidentes-, nos entrega un marco de trabajo común que debe ser manejado por todas las instituciones. El establecimiento de un sistema de mando y control con un lenguaje común, difundido, escalable y adaptable; la explotación de la información operacional para disponerla en tiempo y forma requerida; y los protocolos de coordinación y cooperación entre las partes, son los tres pilares que establece la normativa para lograr una gestión de emergencia exitosa.

Si bien es cierto parece muy simple, tiene un grado de complejidad que viene dado por el factor humano, más que por un trámite burocrático-técnico.

Planteado como una necesidad operativa, forzosamente las instituciones que se relacionan ante una respuesta a emergencias, por ejemplo, regional, deben albergar un sistema de gestión que mantenga un “común denominador” en el objetivo final y no se enfoque en objetivos individuales.

Para esto se requiere compromiso, voluntad, coordinación, capacidad de adaptación al cambio, responsabilidad y solidaridad; todos atributos propios de los seres humanos que deben ser traspasados de una u otra manera al carisma de la institución a la que pertenecen. Hoy tenemos las herramientas para gestionar las emergencias de una mejor manera, más profesional, dedicada y estandarizada. Solo nos falta la voluntad para poder hacerlo.