Julio Torres.

Nuestro país se caracteriza por una variabilidad climática y la presencia de estaciones marcadas que generan emergencias, tanto en los períodos invernales como estivales. Es así como pese a que en el Sur han ocurrido recientemente temporales de viento y lluvia, inundaciones y desbordes de ríos, resulta necesario recordar que quedan pocas semanas para que comience una nueva temporada de incendios forestales (2017-2018). Esta será, probablemente, la más esperada por la prensa, los políticos y la ciudadanía, pues todos querrán comprobar si las autoridades aprendieron la lección y mejoraron su preparación para evitar un nuevo desastre como el ocurrido en enero pasado.

Algunos actores han planteado la necesidad de contar para esta temporada de incendios con una “Conaf pública”, ya que, a su juicio, la ausencia de un servicio forestal público explica en parte el desastre sufrido. No obstante, esta afirmación es errada, ya que una Conaf pública o privada, no hace mayormente la diferencia en el combate de los incendios forestales.

Muy probablemente, los cambios en la preparación para la próxima temporada deben apuntar a dos áreas: un aumento significativo de las brigadas de combate de incendios y un aumento de la dotación de equipos aéreos de combate. Respecto a estos últimos, el gran aprendizaje surgido de los incendios del verano pasado es la ventaja de contar con equipos con mayor capacidad de transporte de agua. Es decir, pasar de los aviones Dromader y Air Tractor (2.000 y 3.000 litros de capacidad) a equipos que carguen 6.000 y hasta 10.000 litros, como el helicóptero Sikorsky S-64 SkyCrane, que operó en el país ya en la etapa final de la temporada.

Estos equipos, con mayores capacidades, son más eficientes que los aviones tanques (Supertanker o Ilyushin), ya que permiten cargas más rápidas, mayor número de viajes y pueden operar en lugares que no cuenten con grandes pistas de aterrizaje. En este sentido, revisar el número y tipo de equipos aéreos es fundamental para mejorar el desempeño de Conaf.

Sobre las brigadas de combate, se debe incrementar la dotación para enfrentar situaciones de múltiples focos y combate simultáneo en diferentes frentes (como se presentó la última temporada) y que está asociada, casi siempre, a la intencionalidad en la generación del fuego. Existe la disponibilidad de los parlamentarios para aprobar aumentos en el presupuesto de Conaf orientado al combate de incendios, por lo que este aumento en la dotación no debería ser un problema.

En otra línea de trabajo, la preparación en las zonas de interfaz urbano-forestal debería estar dada por el despeje de vegetación en los meses de invierno. En dicho período, es cuando se debería estar trabajando en la elaboración de cortafuegos, la eliminación de vegetación aledaña a las viviendas y la capacitación de la población en riesgo sobre cómo actuar ante la posibilidad de que se repitan los siniestros de la temporada anterior. Lamentablemente, el invierno trae sus propias urgencias climáticas y no siempre se puede llevar a cabo esta labor con la anticipación deseada. Veremos este verano cómo se han preparado los municipios para mejorar su propia gestión de la interfaz.

La próxima temporada nos permitirá observar cómo enfrentarán los propietarios de plantaciones forestales un par de factores que nunca han quedado del todo claros: el grado de intencionalidad de los eventos ocurridos y la causa de dicha intencionalidad.

La Conaf plantó como causa principal del megaincendio una hipótesis climática, en la que confluyeron un conjunto de situaciones agravantes que generaron un tipo de incendio jamás visto en el país (Nivel 6, según especialistas de la Unión Europea). Todos los antecedentes que permitían suponer una ola de intencionalidad desatada fueron desestimados e, incluso, perseguidos judicialmente bajo la figura de difusión de información falsa.

La falta de pruebas concluyentes para sostener una hipótesis de mayor intencionalidad en los incendios pasados, no evitará que esta temporada los propietarios de plantaciones forestales adopten medidas preventivas adicionales que busquen minimizar, por ejemplo, la presencia de personas transitando al interior de su patrimonio. Para ello, es muy probable que se incremente la vigilancia en los caminos y en la infraestructura productiva (aserraderos, plantas de secado, etc.). Nuevamente, tendremos que esperar para ver qué ocurre.