Julio Torres.

Hay un consenso en señalar que el fenómeno de los incendios forestales se ha ido agravando, tanto por consideraciones climáticas (una sequía de varios años que afecta al país) como por un aumento de la población que vive adyacente o entre formaciones vegetales (ya sean matorrales, bosques nativos o plantaciones forestales). Esta situación se conoce como la interfaz urbano-forestal o urbano-rural.

El poblamiento de los entornos con presencia de vegetación explica en parte la ocurrencia y la propagación de los incendios. La ocurrencia, ya que esta es siempre de origen humano, y ante un aumento de la población que interactúa con formaciones vegetales cercanas, el riesgo de fuegos negligentes o intencionales se acentúa.

Incide, a su vez, en la propagación, debido a que las labores de combate se deben orientar, en primer lugar, a salvar las viviendas y a las personas que las habitan, postergando el combate del incendio sobre la vegetación. De esta manera, la priorización de recursos hacia la protección de las vidas humanas puede generar situaciones en que el control del incendio de bosques o plantaciones debe ser postergado, aumentando la superficie afectada. Esta situación es lógica: las vidas humanas están primero.

El efecto del poblamiento de la interfaz urbano- forestal en el aumento del número y severidad de los incendios se ve claramente en los reiterados siniestros que afectan todos los años a los cerros de Valparaíso, o lo que se observó esta temporada en Vichuquén, Hualañé, Santa Olga, entre muchos otros lugares.

Por lo anterior, es urgente diseñar una estrategia que reduzca los incendios en estas situaciones de interfaz, que son las que más afectan a las personas. Ello, sin embargo, es de alta complejidad. Se requiere avanzar hacia una gestión territorial activa sobre la interfaz y no dejar que el poblamiento de estas áreas responda a una inercia y a una desregulación que incentiva la ocupación informal e ilegal de áreas que deberían ser consideradas no susceptibles de poblamiento. Es la misma situación que se vive con el poblamiento en quebradas y zonas de riesgo de aluviones.

Una gestión territorial activa implicaría desalojar a comunidades de aquellas áreas de riesgo que están ya ocupadas, lo que siempre es difícil de efectuar por la resistencia que tienen las familias a abandonar esos terrenos. Se deben revisar, además, las actuaciones de las autoridades, por ejemplo, la prestación de servicios que realizan las municipalidades a las familias que viven en estos terrenos ocupados de manera informal, pues generan un incentivo para su permanencia. Asimismo, esta gestión territorial debe considerar mayores regulaciones a los privados que plantan hasta la orilla de sus predios que limitan con viviendas. Plantaciones que muchas veces carecen de manejo preventivo para reducir riesgos de incendios.

Nada de esto es fácil o rápido de implementar, por el costo social de lidiar con las familias que ocupan estos terrenos y por el costo económico que significa darles otro uso a esos sitios (si no se les da otro uso, terminarán siendo ocupados nuevamente). Idealmente, deberían construirse áreas verdes u otro tipo de uso comunitario.

Una constatación de que estas medidas son difíciles de implementar, lo podemos observar en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (o Conaf pública). Este había sido postergado indefinidamente por el gobierno, pero se vio en la necesidad de reactivarlo ante la situación vivida esta temporada, ingresándolo al Congreso para su discusión hace pocas semanas.

En este proyecto, se coloca un fuerte énfasis en dotar de atribuciones al nuevo Servicio Forestal público para enfrentar los incendios. No obstante, no se trata de atribuciones que le permitan implementar una gestión territorial activa, como ya hemos descrito. Más bien se trata de medidas punitivas que transfieren la responsabilidad de prevenir los incendios a los privados, desconociendo las dinámicas de ocupación de las áreas de interfaz ya mencionadas.

El proyecto de ley señala que el nuevo Servicio Forestal deberá elaborar planes regionales de protección contra incendios forestales, sobre la base de mapas de prioridades de protección regional. El mismo proyecto indica que, en el caso de que un mapa de prioridades de protección regional contra incendios forestales identifique zonas críticas, el Servicio Forestal podrá elaborar planes de prevención, cuyo cumplimiento será obligatorio.

Los autores del proyecto de ley parecieran confiar que la mera imposición de nuevas exigencias a los privados bastaría para ordenar armónicamente la interfaz y reducir el riesgo de incendios. Sin embargo, eso no parece realista. Entregar la responsabilidad de la gestión territorial al privado, mediante coacción, no solucionará los problemas en aquellas zonas de interfaz que poseen una dinámica de ocupación informal y desregulada.

Los planes de prevención de cumplimiento obligatorio deberían reconocer todas las complejidades de actuar en la interfaz urbano-forestal. Este es un problema cuya solución no depende de un solo actor, en este caso el propietario de un predio con bosques o plantaciones. Se requiere, lo vamos a reiterar, una gestión territorial activa, dirigida por las autoridades competentes, y en la que participen los habitantes de la interfaz, los propietarios de bosques, las municipalidades, los ministerios y servicios públicos de los que depende la regulación.

Sin una estrategia integral y participativa, el nuevo Servicio Forestal terminará fiscalizando el incumplimiento de los planes de prevención y multando a los propietarios, sin que esto genere un real impacto en la reducción de los incendios en la interfaz.