Juan Ladrón de Guevara.

La preocupación por el calentamiento global se ha manifestado en todo el mundo y, en este escenario, Chile se ha comprometido a contribuir de manera relevante a la respuesta internacional al cambio climático y al establecimiento de una economía mundial con bajas emisiones de carbono.

Si bien nuestro país no es un emisor relevante de gases de efecto invernadero a nivel mundial -toda vez que es responsable de apenas 0,23% de las emisiones- ha decidido alinear sus prioridades nacionales con la estrategia global para hacer frente a los desafíos que implican las preocupantes condiciones meteorológicas que han predominado en los últimos tiempos.

La razón es clara. Según el reporte del Índice Global de Riesgo Climático 2017 presentado en la COP22, nuestro país se encuentra entre los diez más vulnerables al cambio climático, y cada vez asistimos a una mayor intensidad de sus efectos. Lo hemos vivido de manera dramática en los primeros meses del año, atravesado por gigantescos incendios forestales que han dejado a su paso cuantiosas pérdidas económicas, daños a la biodiversidad y víctimas fatales.

La Contribución Nacional Tentativa del país para el cambio climático, aprobada por el Congreso y depositada en febrero en Naciones Unidas, significa primordialmente reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de PIB al año 2030. Además, considera dar un fuerte impulso a las energías limpias y eficientes; la reforestación de cien mil hectáreas de bosque, prioritariamente con especies nativas; el desarrollo de 14 planes de descontaminación antes de 2018 e impuestos verdes a emisiones de generación eléctrica y automóviles. Alcanzar este compromiso está condicionado al crecimiento económico futuro, por lo que supone que todos, instituciones gubernamentales y empresas, tienen que jugar un rol decisivo.

Con la creación de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Corfo, se busca colaborar en el cumplimiento de este compromiso internacional, impulsando cambios en los sectores productivos y en los territorios que permitan una transformación hacia una economía baja en carbono, con mayores niveles de eficiencia en el uso de los recursos y con mejores capacidades para adaptarse al cambio climático.

Esta entidad tiene como misión articular alianzas público-privadas para apoyar los lineamientos de política que dicta el Consejo de Ministros de Sustentabilidad. Nuestro foco está en las empresas y sus procesos. Sin un cambio profundo en la forma que tenemos de producir, será muy difícil enfrentar el desafío que el calentamiento global nos está presentando. Las empresas deben incorporar medidas de mitigación y adaptación necesarias si quieren sobrevivir en escenarios cada vez más complejos y riesgosos.

Aún son pocas las empresas que visualizan al cambio climático como un riesgo operacional. Si no se ven afectadas directamente por la sequía, las inundaciones o los incendios, no se vislumbran en un escenario vulnerable y, por lo tanto, no ven la real importancia de reducir emisiones. Si ponemos la mirada en los mercados internacionales, se hace imprescindible no incrementar la huella de carbono de nuestra producción si no queremos perder competitividad, ya sea por políticas de empresas compradoras, marcos regulatorios de los países de destino o la preferencia de los consumidores que valoran cada vez más los productos socio-ambientalmente responsables. Entonces, nuestro reto como agencia es internalizar la responsabilidad ambiental como una oportunidad para crear valor en la gestión empresarial y, con ello, coadyuvar en la construcción del desarrollo sustentable del país.

En esa línea, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático tendrá capacidades de facilitar la coordinación entre las instituciones de fomento que el Estado dispone, entre las que se cuentan Corfo, Sercotec e INDAP, las que se han sumado al desafío de adaptación y mitigación del cambio climático. Adicionalmente, integrará nuevas capacidades en materia de apoyo al financiamiento climático, acercando los recursos internacionales disponibles a los territorios y empresas que deban implementar los cambios.

Si bien esta nueva agencia solo lleva algunas semanas operando, es capaz de recoger la vasta experiencia del Consejo Nacional de Producción Limpia en materia de acuerdos voluntarios entre el sector público y el privado y ponerla al servicio de los objetivos de sustentabilidad empresarial y territorial. Estamos convencidos de que el camino de lo voluntario es una gran herramienta para lograr las metas que nos hemos propuesto.

Avanzar hacia un Chile más sustentable es posible y requiere el compromiso y el acuerdo de todos los actores. Empresas, sector público y comunidad deben coordinarse y cooperar; solo así lograremos nuestras metas.