Marcelo Mena.

¿Cómo evalúa la gestión realizada en 2016?
Fue un año positivo: hemos cumplido muchas de las metas que nos propusimos, entre ellas, la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas (SBAP), que incluyó una consulta nacional sobre áreas de significancia indígena; la aplicación de planes de descontaminación en diferentes ciudades de Chile y el hecho de que ciudades como Rancagua, Talca y Tocopilla, llegaran a menores índices de contaminación, más bajos que los registros históricos.

Asimismo, se avanzó en la recuperación de confianza en territorios vulnerables por el cambio climático a través de la ratificación del Acuerdo de París, y en la aprobación de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la que responsabiliza al productor de la disposición final de los residuos de sus productos.

¿Esas acciones han impactado en una cultura industrial más apegada al medioambiente?
Vamos avanzando en alinear los objetivos económicos con los medioambientales. Por ejemplo, Chile importa combustibles fósiles y se ha validado la meta de consumir menos combustibles fósiles, para tener menores costos energéticos y disminuir la dependencia de otros países. Por ejemplo, el “Impuesto Verde” (mientras menos contamine, menos paga), que ha tenido un enorme apoyo del empresariado, sabiendo que esta medida tiene relación con una gestión moderna en el contexto del cambio climático.

En otros casos, observamos que algunas empresas han ejecutado acciones que incluso superan las metas que hemos propuesto, por ejemplo, en la reducción de residuos de relleno, la valorización de los desechos -energéticamente y mediante el reciclaje-. En esta línea, las empresas tienen mucho que ganar en eficiencia cuando se suman a acciones medioambientales y lo ven como una oportunidad de crecimiento “verde”.

En términos de preocupación medioambiental, ¿en qué etapa se encuentra nuestro país?
La OCDE hizo un informe de desempeño medioambiental de los últimos diez años, el que demostró que Chile cuenta con las instituciones idóneas para poder llevar a cabo el diseño de los programas y acciones, por lo que nos queda ahora implementar las acciones, ejecutar los planes de descontaminación, fiscalizar, etc. En este punto, creo que el país hoy cuenta con una madurez en la materia, considerando que por mucho tiempo, la ausencia de regulación ambiental causó inquietud y, ahora, cuando ya contamos con esta regulación, se establecen las reglas de juego. Esa inquietud se manifestaba en que muchas veces ante las normas, el sector industrial se manifestaba reticente, y hoy nos damos cuenta de que, por ejemplo, una norma de emisiones para una central termoeléctrica, es fundamental para la convivencia correcta entre la actividad productiva y la comunidad.

¿El sector eléctrico es una muestra de ese desarrollo?
Es un buen ejemplo, porque en 2016, el 65% de la capacidad eléctrica de Chile se produjo por Energías Renovables Convencionales y el 50% de la capacidad instalada en este Gobierno ha sido de Energías Renovables no Convencionales. Entonces, nos podemos dar cuenta de que se pudo trabajar en la descontaminación y en crecer al mismo tiempo, lo que refleja una madurez como país.

¿Apoya el carácter penal en el delito ambiental?
Más allá de definir una política, hoy sí existen delitos penales considerados en la ley de REP. La OCDE también recomienda estas acciones, en lo que se llama “Responsabilidad Objetiva” en cuanto al daño ambiental. Si bien no es la idea principal reforzar el carácter penal de las normas, es bueno ir perdiendo el miedo de que también la sanción puede ser penal, bajo ciertas condiciones.

¿Cuál es la visión del Gobierno sobre los desastres ambientales?
En temas de desastre ambiental, nos hemos hecho parte de las demandas y ganado muchas de ellas, convocándose también al Consejo de Defensa del Estado para hacerse cargo de las problemáticas ambientales, buscando la reparación del daño.

Pero en esta materia, aún tenemos un problema: cuando una situación de daño está reglada por una norma de emisión, a través de una Resolución de Clasificación Ambiental (RCA), es la Superintendencia del Medio Ambiente la que debe fiscalizar el daño ambiental y sancionar por dicho incumplimiento. Ahora bien, muchas veces incidentes de este tipo (como un derrame) son accidentes con consecuencia ambiental, y ahí nos falta mejorar los planes de contingencia dentro de la RCA, porque el accidente no tiene una importancia en lo que ha sido históricamente la Evaluación de Impacto Ambiental.

¿Qué hitos se esperan para 2017?
Para este año y por nombrar solo algunos, nos espera la implementación de la REP, de la contribución nacional de cambio climático del Acuerdo París, del plan “Santiago Respira”, y el cierre del plan de descontaminación (con sus 14 planes), y el anteproyecto del plan de descontaminación de Concepción, así como la consolidación de nuevas áreas protegidas de acuerdo a la conferencia “Impac 4” (Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas).

En general, en Chile hay problemas ambientales que no están regulados: transporte ilegal de residuos, vertederos ilegales, quema de basura, entre otros temas que no están en una RCA. Entonces, regularlos es el desafío fundamental.