Cristóbal Mena.

Hay algo que, a la vez, preocupa y reconforta: es ese cierto acostumbramiento a enfrentar de manera periódica emergencias mayores y desastres en nuestro país. Reconforta, pues en el caso de los sismos, hemos desarrollado aprendizajes y una cultura que nos permite -con relativa eficiencia- reducir el riesgo de que un terremoto se convierta en un desastre. Lo que preocupa, es que seguimos considerando los desastres que impactan al país como “naturales”, algo fuera de nuestro control. Esto desarrolla una suerte de excusa para no hacerse cargo del problema de fondo, el que es que los desastres no son producto de la suerte o de condiciones excepcionales, sino la cristalización de las vulnerabilidades subyacentes de una sociedad que no gestiona el riesgo de forma prospectiva e integral con el fin de reducirlo.

Lo anterior deriva en la tradición de hacer rankings y categorizar, por ejemplo, los últimos incendios como excepcionales, de cierta manera exculpándonos del desastre. Digo “exculparnos”, porque es responsabilidad de todos trabajar para reducir el riesgo de desastres. Ahora bien, si de rankings se trata, debemos comenzar destacando que, dentro de los países de la OCDE, Chile es quien tiene la mayor afectación del PIB por desastres (OCDE, 2012) y es de los pocos en el mundo que no tiene una ley relacionada a la reducción y gestión del riesgo de desastres.

Entonces, ¿qué explica nuestra falta de capacidad para tomar la ventana de oportunidad que los desastres abren y aprender las lecciones? Son varios elementos, pero quisiera destacar tres: el diseño de las políticas públicas de desastre es poco participativo; la gestión del Estado es altamente centralizada; y una limitada cooperación público-privada. Son estas características las que derivan en que vivamos en un constante proceso de cambio, pero sin transformación en la lógica del actual sistema de protección civil en Chile.

En este sentido, Lavell (1996) define el cambio sin transformación como uno determinado por procesos tecnológicos dirigidos, esencialmente, a las fases de preparación y respuesta a emergencias. Además, se articula en base a la injerencia de una estructura y funcionalidad macro estatal, de características altamente centralizadas, que cohíbe una eficaz descentralización participativa en el desarrollo de los componentes de la gestión de los desastres. Lamentablemente, los últimos incendios forestales son una muestra de esto.

Sumado a lo descrito, el foco de atención sigue siendo los riesgos intensivos, aquellos de alto impacto, pero con baja recurrencia como por ejemplo el último mega-incendio forestal. Sin embargo, están pasando bajo el radar varios eventos de mayor recurrencia, pero con bajo impacto -riesgos extensivos- que estresan el sistema regularmente, como son los incendios forestales de mediana magnitud o las inundaciones.

En este punto, es importante destacar la Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR, por sus siglas en inglés) 2015 que pone gran atención al riesgo extensivo, el que aumenta cuando la planificación del desarrollo urbano es deficiente y se degrada el ambiente, dos fenómenos que han sido ampliamente comentados a raíz de la última catástrofe forestal. Además, hay una relación entre la pobreza y la desigualdad con la generación de riesgo, por lo que si queremos que el desarrollo sea sostenible, hay que comenzar reduciendo los impactos regulares.

En cuanto a los daños, es importante resaltar que acorde a la GAR 2015, el suministro de agua y energía es dañado en más de un 90% por eventos extensivos (ver gráfico), por lo que si bien es importante poner atención en los grandes desastres, debemos también invertir por evitar los pequeños desastres que de a poco van acumulado daño similar o mayor al de una catástrofe, del cual podemos obtener más de algún dividendo.

El Banco Mundial junto con el instituto ODI, publicaron un estudio en 2015 donde se observa que invertir en resiliencia, obtiene no solo el evidente beneficio de reducir el riesgo de desastres, sino también al menos otras dos ventajas.

Un dividendo asociado es el desarrollo económico a través de las inversiones que se hacen para gestionar el riesgo, principalmente en obras de mitigación como creación de cortafuegos, muros de contención y defensas fluviales, por nombrar algunos. Además, la resiliencia es un gran catalizador de emprendimientos e innovaciones; basta ver el Informe de la Comisión de I+D+i en Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural o startups como Pacífico, la que desarrollan nuevas inversiones.

El tercer dividendo es más social y tiene que ver con cómo, a través de actividades de preparación, aumentamos como sociedad nuestros niveles de asociatividad y confianza. Por ejemplo, empleando la Responsabilidad Social Empresarial como un medio para acercarse a las comunidades y establecer relaciones sustentables o desarrollando capacitaciones en los barrios.

Lo planteado demuestra que los últimos incendios forestales y la serie de emergencias que vivimos frecuentemente son un llamado de atención, pero también una oportunidad para invertir de manera prospectiva en gestionar el riesgo de desastres. Por esto, el desafío es cambiar y transformar la lógica de nuestro sistema, pasar de la reacción a la prevención, con un enfoque multi-amenaza y que ponga atención a todas las magnitudes de eventos que nuestro país sufre. Solo de esta manera alcanzaremos un real desarrollo sostenible.