Patricio Miranda.

En gestión en salud ocupacional, ¿Cómo evalúa el trabajo realizado en 2016?
Sin duda, en 2016 fue un desafío para la salud pública desarrollar e implementar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST). Fue un desarrollo que estaba pendiente en el país, ya que desde los inicios de la aplicación de la Ley 16.744, en 1968, la gestión de prevención había priorizado accidentes del trabajo, pero no la gestión preventiva de enfermedades laborales. Entonces, la aprobación de la PNSST, a través del DS 47, viene a cerrar esta brecha y se transforma en el hito más grande del último tiempo en cuanto a la prevención de estas enfermedades.

¿Qué actores participaron en la construcción de esta política?
Esta política se desarrolló considerando a representantes de trabajadores, empleadores y técnicos de los Ministerios de Salud, Trabajo y Previsión Social, lo que la hace tener un relevante carácter social, y desde que se dicta la PNSST, el ISP participó en la construcción del perfil de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el levantamiento de las brechas a nivel nacional (área liderada por la OIT).

En este sentido, el siguiente paso es mejorar el programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, cuyas líneas de acción se priorizarán según lo detectado en el levantamiento de la información. En este plan se establecerán objetivos, metas y plazos definidos, así como también se propiciará la creación de indicadores de gestión que apunten a reducir el impacto en la salud de los trabajadores expuestos a agentes de interés higiénico.

Como ISP, ¿Qué objetivos tienen para esta etapa?
Como lo plantearemos al Minsal, la idea es desarrollar indicadores de carácter preventivos, porque en el país hemos caído lamentablemente en la habitualidad de acciones y planes reactivos, como lo son los indicadores de accidentes del trabajo, y en especial, los de siniestralidad, frecuencia o gravedad. Son indicadores que no se refieren a cómo prevenir esos eventos y queremos mejorar ese aspecto.

¿Qué se espera para este 2017?
Además del desarrollo del mencionado programa de salud, otra de nuestras preocupaciones será actualizar el marco normativo en esta materia. Por ejemplo, en el listado de enfermedades profesionales se está utilizando una definición que apunta más a un aspecto legal que a uno técnico, y consideramos que es una situación que debe resolverse. De hecho, el Minsal ha propiciado la conformación de un grupo de trabajo cuya tarea es la presentación de una propuesta de modificación de la Ley 16.744.

Asimismo, apuntaremos a mejorar la normativa sobre calificación de accidentes del trabajo y muy especialmente a la referida a las enfermedades profesionales; para nadie es desconocido que en Chile existe un subdiagnóstico de enfermedades profesionales; hay muchas que no están siendo diagnosticadas y que seguramente están siendo abordadas por el sistema de salud común, y no a través de la Ley 16.744. Este mejoramiento busca reducir esa brecha.

¿Qué pasará con la fiscalización?
Ese es otro de nuestros desafíos para 2017, y el deseo a nivel ministerial es intensificar la fiscalización de los protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a los distintos agentes que entrañen los riesgos de enfermedades profesionales. Si bien en el último decenio se ha llevado a cabo una labor bastante importante en términos del desarrollo de protocolos de vigilancia médica para exposición a distintos agentes, existe una brecha: la fiscalización de su cumplimiento por parte de las empresas mandantes, de las contratistas, y también a través de los organismos administradores del seguro Ley 16.744, y de aquellas empresas que aún mantienen la administración delegada de este seguro. Por parte del ISP, debemos seguir formando técnicamente a los fiscalizadores de la Seremi de Salud para potenciar ese rol.

¿La fiscalización debe ser punitiva?
Personalmente, prefiero dejar como última instancia el tema punitivo. Ojalá se propicien primero los factores positivos, como la educación y prevención; y bien, cuando eso no suceda, se debe ser capaz de aplicar sanciones o multas, pero dando antes todas las facilidades para que la organización pueda aplicar las medidas correctas. La fiscalización debe ir sumando actores para implementar correctamente los protocolos de vigilancia de la salud, más que tener un carácter punitivo.

¿Hay algún sector industrial como “prioritario” para aplicar acciones?
Hemos discutido este tema con los jefes de los subdepartamentos de Salud Ocupacional y hemos llegado a la convicción de que el ISP ha jugado un rol bastante activo, de acuerdo a lo que la normativa nos permite, en calidad de laboratorio nacional de referencia en Salud Ocupacional. Con esto quiero decir que hemos desarrollado mucha referencia técnica en materias de prevención de enfermedades profesionales y también de accidentes del trabajo, pero hoy estamos convencidos de que, a nivel de la industria, aún es muy bajo el grado de conocimiento de esta referencia, el grado de aplicación de quienes lo conocen y el porcentaje de quienes aplican la referencia correctamente.

¿Qué harán para corregir esta situación?
Dado ese diagnóstico, definimos colocar el foco más en una región que una industria en particular, pensando en una primera instancia en la Región de Biobío, porque ahí se encuentran la mayor parte de los rubros industriales. La idea es que ir trabajando en bloques con distintas especialidades de nuestro departamento (por ejemplo, toxicología ocupacional, EPP, Ergonomía, Riesgos químicos y Ventilación), para cerciorarnos que la normativa e información de referencia que hemos generado se aplique de forma adecuada, y lo haremos a través de una intervención in situ.

Dentro de esas referencias, ¿han incluido nuevos riesgos para los trabajadores?
Efectivamente. Para este año, desarrollaremos un documento de referencia sobre los nanomateriales y nanotecnología, un tema relevante desde la Salud Ocupacional, porque toda la metodología de evaluación de enfermedades profesionales, así como la mayoría de los EPP están diseñados para partículas de mayor tamaño. Cabe recordar que hoy en día estas partículas menores a 100 nanómetros están siendo utilizadas en distintos rubros (sanitarios, cosméticos, electrónica, pinturas para la construcción, etc.), y no se están abordando desde el punto de vista de la prevención. Con esta referencia, tendríamos que ser capaces de responder a los posibles riesgos sanitarios, derivados de la exposición a estos materiales y cómo mejorar o realizar la evaluación y control del riesgo asociado.