Ernesto Evans.

El año pasado Michelle Bachelet, en el marco del Convenio 187 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) firmó el decreto que buscará instaurar por primera vez una nueva Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST); esto, después de una serie de procesos tripartitos (empleadores, trabajadores y Gobierno) y de aunar visiones sobre qué caminos debemos seguir para avanzar como país en esta materia.

Los temas y aspectos a abordar son bastante amplios, con distintos niveles de profundidad. Hay aristas legales, normativas, fiscalización, sobre la operatividad del aparato estatal y los acuerdos entre los ministerios (Hacienda, Trabajo, Salud, pero también Transporte y Educación, entre otros), como medidas que buscan paliar la problemática que genera la duplicidad de funciones y la compleja articulación entre las instituciones que tienen responsabilidad en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

La envergadura de los cambios que se necesitan hacer, y que nos hemos comprometido a llevar a cabo para seguir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores, es tan gravitante e involucra a tantas instituciones (públicas y privadas), que lo primordial es hacerlo de manera gradual, con más diálogo y acuerdos y menos imposiciones unilaterales que, aun cuando se hagan de buena fe, a veces carecen de aplicabilidad y solo se convierten en más promesas incumplidas.

Para fortalecer nuestro sistema de SST y seguridad social, lo primero que se debe hacer es terminar con la diferencia entre obreros y empleados, distinción que hoy sigue haciendo el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), entregando prestaciones médicas diferentes según como sea catalogado el trabajador (de acuerdo a “si prima el esfuerzo físico o el intelectual”). A estas alturas y en aras de modernizar el sistema, esta situación es francamente inaceptable, anacrónica y discriminatoria, pues contraviene uno de los principios básicos de la seguridad social, que es el principio de la igualdad, dando un trato distinto a personas que se encuentran en un mismo contexto. Por lo demás, dado que el ISL y los servicios de salud (que no cuentan con especialistas en Medicina del Trabajo) no califican las lesiones de los “obreros” ni las registran estadísticamente, malamente se puede conocer la tasa de accidentabilidad real, más aún cuando la PNSST nos insta a llegar a una tasa de 3% para el año 2020.

Naturalmente, eliminar la distinción generará impactos financieros en el Estado y requiere el patrocinio del Ejecutivo y llegar a un acuerdo entre los ministerios de Salud y Trabajo, que, claro, tienen enfoques diferentes. Desde la Subsecretaría de Previsión Social han planteado que intermediarán para lograrlo, involucrando también a Hacienda.

Otro pilar fundamental es incentivar medidas que frenen la verdadera pandemia en que se están transformando los accidentes del trayecto, es decir, cuando el trabajador va desde su casa al trabajo y viceversa. En 2015 estos aumentaron un 10% respecto de 2014, alcanzando un total de 52.629. Pero lo más preocupante es que estos accidentes, que tienen una tasa de letalidad más alta, representan bastante más de un tercio de las fatalidades laborales (163 de 414 en el año 2015).

Así, mientras la tasa de accidentabilidad baja año a año, los accidentes del trayecto suben. Quizás una manera de ampliar el compromiso de las empresas con la salud y seguridad de sus trabajadores, sería gravando, aunque sea simbólicamente, estos accidentes; para que así, efectivamente, integren la prevención en la cotidianeidad y no solo cuando están en su lugar de trabajo.

Al ahondar en estas cifras, se observa un 52% de las fatalidades estuvieron asociadas a la presencia de un vehículo, mayormente camiones. Y de estas, el 83% corresponde a accidentes de tránsito y el 12% a vehículos móviles en la faena. Según la generalidad de los estudios que investigan estos hechos, sus principales causas se relacionan indefectiblemente con la ausencia de programas preventivos y el monitoreo inapropiado de los conductores. La señalética, la planificación urbana y la luminaria vial, también están en deuda.

Incrementar el bienestar de los trabajadores y de sus familias, poner el foco en disminuir las muertes hasta llegar a cero, traerá beneficios para todos. Experiencias como las de Singapur, que es un ejemplo a seguir, han mostrado que focalizar los esfuerzos en bajar la mortalidad, trae aparejada una baja en la tasa de accidentabilidad. Una iniciativa así podría colaborar a seguir con esta tendencia histórica a la baja, que es una de las ideas fundantes del sistema. Pero como muchas muertes se dan en la vía pública, el remedio necesariamente tiene que involucrar a entes estatales, no solo a los privados.

También existe una inquietud por el aumento de las enfermedades profesionales y, sobre todo, de las enfermedades mentales. Las enfermedades, en promedio, generaron 61 días perdidos por cada una (2015), más del triple que los accidentes.

El instrumento de la Superintendencia de Seguridad Social que mide los riesgos psicosociales se debe seguir afinando y ampliando.

Las metas que nos hemos puesto como país con la PNSST son altas y modernizarán nuestro sistema. Unas verán la luz durante este año (esperemos) y otras son más a largo plazo. Para lograr estas últimas, estamos trabajando hoy, paso a paso, cuidando de no tropezar en el camino. A futuro, continuaremos con este proceso de cambio de enfoque en que hemos ido progresando, pasando desde una orientación de protección hacia una de prevención.

Los números que hemos visto, esta vez, nos muestran con nitidez dónde tenemos que concentrar los esfuerzos. Pero para avanzar, necesitamos el compromiso de todos. Al final, la seguridad y salud de los trabajadores y sus familias, es responsabilidad de todos. En el último tiempo las mutualidades han avanzado ostensiblemente en su labor, pero si queremos seguir en esa senda de bienestar, se hace urgente una sinergia global donde todos rememos para el mismo lado.