Claudio Huepe.

Uno de los grandes desafíos para un desarrollo sustentable es articular acciones que permitan avanzar en mejoras en el medioambiente, en el desarrollo económico y en las relaciones sociales de manera coherente. Esto implica desarrollar cada uno de esos focos sin impactar negativamente a los otros, o al menos con un impacto relativamente menor. El desafío de conciliar estos tres pilares es lo más esencial y complejo para una estrategia de desarrollo sostenible.

En materia de protección del medioambiente, una de las principales preocupaciones ha sido la de generar regulaciones que, logrando resultados efectivos en control o reducción de la contaminación y protección de los recursos naturales, no tengan un impacto negativo sobre el desarrollo económico.

La utilización de instrumentos económicos tradicionales ha sido una de las propuestas para lograr lo anterior y los llamados “impuestos verdes” (un gravamen sobre aquellas acciones que impactan negativamente a algún elemento ambiental) han sido -a menudo- señalados como uno de los mejores instrumentos disponibles.

La visión teórica sostiene que estos impuestos le agregan eficiencia al sistema económico al orientar el comportamiento de los agentes hacia aquellas decisiones deseadas socialmente, de manera más económica que con otros instrumentos. De este modo, sería una solución ideal para utilizar en las regulaciones ambientales porque permitirían la perfecta conciliación con la economía, generando incentivos correctos de comportamiento. Por supuesto, el mercado particular al cual se aplica el impuesto se vería afectado, pero, aunque este efecto sea relevante, aún es una solución apropiada en el nivel agregado, ya que se asignarían correctamente los recursos de la sociedad.

Se suele argumentar que los impuestos verdes tienen una serie de propiedades positivas además de permitir un cumplimiento eficiente de los objetivos: podrían incentivar la innovación, permitir a cada agente decidir con mayor libertad y flexibilidad sobre cómo cumplir, y reducir los costos de fiscalización relevando el principio de “quien contamina paga”, además de permitir reducir otros impuestos más dañinos para la eficiencia económica. No obstante, la realidad muestra una visión más matizada sobre su efecto.

En la práctica, la principal dificultad es la definición “correcta” del impuesto. Se requiere mucha información para decidir cuál es el impuesto que efectivamente logra el resultado óptimo, y esa información raramente está disponible. En consecuencia, se arriesga a aplicar un gravamen completamente inadecuado y que esté muy por debajo o por sobre lo requerido o que no se adapte a las condiciones específicas de cada una de las empresas o personas que serán sujetos del impuesto.

Confiar en exceso en el potencial del impuesto puede hacer que no se consideren otros elementos relevantes en el comportamiento de las empresas o de las personas, e incluso que se opte por aplicar un gravamen donde es más simple y no donde es más necesario. Además, se debe tomar en cuenta que puede tener efectos distributivos importantes que podrían afectar las ventajas de su aplicación.

En efecto, en el caso de los impuestos verdes que se aplicaron en el país en el contexto de la reforma tributaria, se puede observar algunos de estos problemas. Se aplicó impuestos a fuentes fijas (calderas o turbinas que individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50MW) tanto para contaminantes locales (MP, SO2 y NOx) como globales (CO2), y a fuentes móviles (vehículos motorizados nuevos, livianos y medianos de hasta 2.000 K de capacidad útil).

En primer lugar, resulta difícil comprender la introducción de impuestos verdes en el marco de una reforma que tenía una lógica recaudatoria: el objetivo fundamental de un impuesto verde no es recaudar, sino cambiar el comportamiento. Luego, el objeto de los impuestos también es discutible: ¿por qué solo calderas o turbinas de una cierta potencia o vehículos nuevos? En este caso, evidentemente, se optó por la simplicidad administrativa más que por el objetivo de fondo. Adicionalmente: ¿hasta qué punto se logra un cambio en comportamiento en el caso en que hay pocas opciones de hacer cambios significativos, como en el caso de la compra de vehículos en que la decisión principal de compra pasa por otras variables? ¿Cuál es el impacto que tiene esto en términos distributivos, dado que se refleja en el precio final para los consumidores?

Estos cuestionamientos no implican que los impuestos verdes sean una mala opción de instrumento regulatorio: solo indica que su uso (como el de cualquier instrumento) debe ser considerado cuidadosamente y, en general, como parte de un conjunto de medidas que, desde diversos ángulos, ayuden a lograr los objetivos de la mejor manera posible. Por el momento, tampoco hay evidencia clara de su impacto, así que es algo que debe seguir estudiándose.

Los impuestos verdes han llegado para quedarse como instrumento, por lo que es vital que se evalúen y se aprenda, para definir la mejor manera de aprovechar su potencial en la práctica y no quedarse solo con una visión teórica idealizada de sus resultados.