Cristián Sandoval.

No es novedad que en las últimas décadas ha cambiado la forma de entender el trabajo, instalándose la búsqueda tanto de una mayor productividad como de mejor calidad de vida de quienes colaboran con las empresas. Por esa razón, hoy necesitamos una nueva legislación respecto de la seguridad laboral, y para generar el cambio, debemos centrarnos en qué materias debe incluir un nuevo marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales.

En ese sentido, partamos por lo básico: claramente se requiere incorporar estándares preventivos en nuestra nueva legislación. No puede ser que año a año mueran más de 320 personas y lo más lamentable es que muchos de estos accidentes se repiten todos los años, situación que cualquier responsable de seguridad laboral sabe que es lo peor que puede ocurrir desde la óptica preventiva. Cuando un accidente se repite significa que nada se aprendió del evento anterior, que el proceso investigativo no fue capaz de alcanzar el objetivo básico de determinar las causas y adoptar medidas preventivas para que este tipo de evento no vuelva a suceder.

A nivel país, se nos repiten los incidentes y, más grave aún, los accidentes fatales. No puede ser que todos los años tengamos fatalidades por derrumbe y atrapamiento en faenas de construcción; que los golpes eléctricos o energías peligrosas no se encuentren debidamente bloqueadas y que ello ocasione graves lesiones, así como también fatalidades… ¡Para qué decir del trabajo en altura y también en espacios confinados! Si nuestra legislación es capaz de definir estándares preventivos obligatorios, esta debiera generar, sin lugar a dudas, una disminución sistemática de las fatalidades.

También podemos decir que no es necesario inventar la rueda, pues muchos de estos estándares preventivos ya existen y están claramente definidos en diferentes legislaciones, tanto a nivel latinoamericano, como de países OCDE. Entonces, ¿qué falta? Falta la decisión política de querer avanzar en estas materias, de forma decidida y clara, haciendo algo que nunca nuestra legislación ha hecho: definir el estándar, decir cómo se deben hacer los protocolos y salir de la trampa de dejar al empleador como responsable de adoptar todas las medidas para evitar accidentes y enfermedades profesionales.

Hablamos de trampa, ya que, en nuestra opinión, es más fácil legislar en ambiguo que poner el énfasis en el cómo hacerlo. Ahí ciertamente estamos muy al debe; una legislación moderna es capaz de definir estándares obligatorios y ese es el piso de la gestión de riesgos.

No puedo terminar esta columna sin señalar que las empresas de prevención en Chile han florecido con una cancha absolutamente dispareja, donde no solo no pueden ser departamentos externos de prevención, en base a una interpretación de la ley de 1968, sino que también se priva a las empresas (y, por tanto, a los trabajadores) de poder llevar una gestión de riesgos laborales moderna, entendiendo los desafíos de seguridad, productividad y calidad de vida que hoy nuestro país demanda.