Cristián Villarroel.

Las condiciones de trabajo actual pueden tener consecuencias físicas o psicológicas en la salud de la población. Sobrecarga de trabajo (producto de la reducción de personal, pero no de sus funciones), remuneración variable y dificultades para conciliar el trabajo y la vida familiar, son algunas de las situaciones que se han naturalizado y forman parte de los contratos implícitos de todo empleo. A ello se suman los nuevos dispositivos tecnológicos, que han logrado desvanecer los límites del involucramiento personal. En este escenario, la tarea de ejercer liderazgos de calidad se ha vuelto cada vez más compleja y escasa.

Se estima que a nivel mundial, entre el 50 y el 60% de todos los días de trabajo perdido se puede atribuir al estrés laboral. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para el año 2020, la depresión ocupará el 2º lugar en la carga global de enfermedades, y para 2030, el 1º lugar. Estas cifras corresponden a población laboralmente activa, y no pueden desvincularse de las condiciones de trabajo.

El karoshi (en Japón) o guolaosi (en China), se ha vinculado al aumento sostenido del tiempo que se destina al trabajo (intensificación) con su impacto en la vida y salud de los trabajadores/as. En este sentido, el toyotismo, modelo de trabajo y producción generado en Japón, supone el concepto de “colaboradores”, el que también ha encontrado un eco en la importación de teorías de administración del recurso humano en Chile. Lo anterior supone un compromiso e identificación del trabajador con los valores, principios y metas institucionales, a pesar de que las utilidades de la empresa no alcancen para esos trabajadores.

Pero el problema no radica en el trabajo mismo, sino más bien en cómo se organiza este. Las muertes ocurridas en Japón tienen una connotación mediática porque representan la constatación más evidente de esta situación, pero invisibilizan a miles de trabajadores que día a día generan patologías como resultado de las condiciones de trabajo en las que llevan a cabo sus tareas.

En Chile, no somos ajenos a esa realidad, manteniendo la debida distancia respecto de la cultura laboral y la implicación personal con el trabajo. Los problemas de salud mental representan una de las primeras causas de morbilidad de la población, cifra que tiende a acrecentarse en los últimos años. El riesgo de desarrollar trastornos mentales de origen laboral se asocia a factores psicosociales derivados de las nuevas formas de organización del trabajo.

En este sentido, las empresas no solo están llamadas a adaptarse a los nuevos desafíos económicos y productivos, sino también deben ser capaces de incorporar procesos de gestión en beneficio de la salud de sus trabajadores.

Desde 2013, el Ministerio de Salud cuenta con un Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, regulación de carácter obligatoria, que está destinada a que las empresas del país evalúen las condiciones de salud mental a la que están expuestos sus trabajadores y trabajadoras. Este modelo busca que la organización sea capaz de identificar, priorizar y gestionar el riesgo, ya sea a través de la prevención, mitigación y eliminación de los factores presentes en los ambientes de trabajo, como así también comprende, el desafío de generar renovadas formas de organización del trabajo y condiciones de empleo.

En ese sentido, lo importante es que en nuestro país existe la regulación y los criterios para identificar y medir los riesgos psicosociales, cuyas medidas deben apuntar a dar respuestas colectivas, organizacionales; es decir, el problema no radica en los trabajadores, en su capacidad de “adaptación”, sino, por el contrario, en cómo se organiza el trabajo. Sin duda, el cumplimiento de la normativa nos entregará un panorama de la situación actual en Chile, contribuirá a desarrollar nuestras organizaciones, y al conocimiento de la exposición diferenciada según género, y potenciará la calidad de nuestros liderazgos.