Alejandro Ramírez Calvo.

En protección contra incendios, ¿qué hito marca “un antes y un después” en nuestro país?
A mi juicio, el incendio en la torre Santa María en 1981 fue el hecho que dejó en evidencia la importancia de la protección contra el fuego. Desde esa época, se estudiaban algunos cambios más específicos en nuestra reglamentación, porque hasta ese momento no había prácticamente nada. En este sentido, el primer desarrollo se centró principalmente en el área de protección pasiva y, posteriormente, se han ido incorporando algunos medios de protección activa, basados en normas internacionales, como sistemas de alarmas, redes de agua y rociadores automáticos, entre otros.

Parte de este desarrollo también se ha manifestado en otras áreas; es así como considero que somos privilegiados de tener en el país laboratorios de ensayos de incendios (como Idiem y Dictuc), pues son pocos a nivel latinoamericano, y su presencia nos permite, por ejemplo, probar y certificar localmente algunos medios contra incendios, lo que me parece fantástico.

¿Tenemos una normativa clara en esta materia?
Creo que ese es un tema que se debe revisar, principalmente en lo referente a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. A modo de ejemplo, en el caso de las redes de agua contra incendios, siempre me ha llamado la atención que la reglamentación chilena permita conectar los gabinetes de mangueras a los sistemas de agua potable, es decir, a los mismos sistemas de distribución de agua de un edificio, lo que es un grave error, porque estos no podrán operar a la presión y caudal que necesita, los que no están estipulados en la reglamentación. Por lo tanto, sus condiciones de operación dependerán del conocimiento y criterio del diseñador.

Entonces, ¿la reglamentación actual entrega una falsa seguridad?
Siempre es posible mejorar la reglamentación y normativa. En la práctica, la aceptación de los proyectos constructivos es el cumplimiento reglamentario y normativo. Es decir, entendemos que si se cumple con la legislación vigente, todo está bien. Pero veamos el caso del incendio de la empresa Mathiesen Molypac en 1995, que impulsó la mayoría de los posteriores cambios en la reglamentación sobre almacenamiento de productos peligrosos. En ese entonces, esa empresa cumplía con todos los requerimientos legales, y es algo que hoy sigue pasando: la mayoría de las empresas que sufren un incendio y tienen importantes pérdidas, cumplían con las exigencias.

¿Cómo arreglamos esa situación?
Si bien la reglamentación se refiere a diversos objetivos (como prevenir incendios, impedir la propagación del fuego, etc.), no entrega métodos aceptables para alcanzarlos, abriendo la puerta a la interpretación, y es ahí donde podemos hablar, en algunos casos, de falsa seguridad. Un sistema contra incendios se puede utilizar una vez en 50 años, pero esa vez debe funcionar, porque se trata, en primera instancia, de salvar vidas y dar un razonable nivel de protección a la propiedad.

No obstante, debemos reconocer que a nivel gubernamental, se está trabajando. En estos tres últimos años, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha consultado a diversos especialistas en la materia para conocer aspectos mejorables de las regulaciones. Evidentemente, uno desearía que esto evolucionara un poco más rápido, consiguiendo mayor y mejor especificación en las normas, pero el camino tomado es el correcto.

¿Se puede asegurar que las medidas de prevención impedirán la ocurrencia de un incendio?
Cuando era estudiante, se afirmaba que “la prevención son todas las medidas destinadas a evitar incendios”, pero ahora, ya con mayor madurez, sostengo que “la prevención son todas aquellas medidas que nos permiten disminuir las probabilidades de ocurrencia de un incendio”. ¿En qué medida? No lo sabemos, pero si en un lugar se deja de fumar o se mejoran las condiciones de aseo, evidentemente estamos bajando las probabilidades de un siniestro.

Entonces, se debe contar con todas las medidas de prevención posibles, pero con un nivel de protección suficiente para cumplir los objetivos del mandante, dejando en claro que con la protección, el objetivo es aminorar las consecuencias de un incendio a niveles aceptables.

En un proyecto de construcción, ¿conversan entre sí las diferentes áreas involucradas?
Cada vez más. Una de las primeras tareas en un proyecto debería ser la estrategia de incendios. No digo que estos profesionales deban manejar el proyecto, pero este tema tiene que entrar en las etapas de arquitectura básica, de modo que los sistemas de protección que se elijan sean más efectivos y de menor costo, pensados desde la ingeniería contra incendios. No obstante, aún son muchos los casos en que cuando se solicita la participación de la especialidad de incendios, el edificio ya está listo, cuando una serie de factores (la materialidad, la arquitectura, la modalidad de almacenamiento, entre otros) pueden obstaculizar la implementación de una protección adecuada.

En lo inmediato, ¿qué aportes deben realizar los profesionales del área?
Siempre está la pregunta de dónde enfocarse. ¿Ayudamos a mejorar la reglamentación? ¿En la formación de profesionales? ¿A que haya una fiscalización más fuerte? Creo que, en general, se ha apostado por la formación de profesionales, y en mi caso específico, me ha tocado trabajar en la capacitación de profesionales, fiscalizadores, arquitectos, así como otros ejecutivos que están tomando las decisiones en temas de incendios.

En este aspecto, programas que ya llevan varios años, como los que hace la NFPA en Latinoamérica y el diplomado “Diseño contra Incendios” de Idiem, han permitido además de difundir conocimiento, crear una mayor conciencia sobre la relevancia de la seguridad contra incendios.