¿De qué sirve tener a la población capacitada y con acceso a la tecnología si ésta no brinda un real aporte para la vida de las personas? Sin embargo, la principal responsabilidad en este aspecto no es de las empresas o de las municipalidades, como ocurrió en los ejemplos de Salamanca y Mejillones. Se requiere de la disposición del Gobierno para coordinar sus servicios y aprovechar los recursos ya adquiridos (infraestructura y conocimiento) para comenzar a ofrecer valor. Es necesario que La Moneda transparente y habilite soluciones TIC colaborativas en sus servicios públicos y que involucre a los habitantes para conseguir una participación activa de toda la sociedad en el desarrollo de nuestro país.
Parece insólito que los chilenos debamos todavía sufrir jornadas eternas en la sala de espera para conseguir una hora para ser atendidos en un consultorio o pasar la noche en la calle para ser los primeros en acceder a un subsidio. Estos son problemas reales que deben y pueden ser solucionados. Debemos explotar las innumerables posibilidades que la tecnología nos ofrece e invitar a todos los ciudadanos a aprovecharlas, ya que sin duda mejorará la calidad de vida de todos.
En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Digital, encabezada por Alfredo Barriga, ha establecido un objetivo concreto: ahorrar 100 millones de horas chilenas en trámites para el 2014, equivalentes a un ahorro de US$500 millones por concepto de traslados, tiempo y documentación. Esta tarea incluye aumentar el uso de servicios disponibles en Internet, facilitando y promoviendo la utilización entre la ciudadanía de los más de 400 servicios y trámites públicos que hoy están disponibles en línea.
Conseguir este objetivo no se trata sólo de un desafío técnico, sino también de tener una voluntad política de hacer las cosas. Si lo logramos, completaremos el único paso que nos falta para que nuestra sociedad se transforme en una sociedad digitalizada.
