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Sergio del Campo, Presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, y Ana Lía Rojas, Directora Ejecutiva de ACERA A.G., en conjunto al directorio recientemente electo, fueron recibidos por el Ministro de Energía, Diego Pardow, para entregar los planteamientos de la agenda del sector eléctrico renovable y de almacenamiento para este 2024.
Rojas presentó la agenda de trabajo que el gremio impulsará durante el año 2024, enfocando dos cuestiones medulares: la primera, es en el corto y mediano plazo, donde se pudo discutir la problemática de los elevados curtailments y el consecuente precio spot cero, proponiendo mejoras operacionales inmediatas y la integración de almacenamiento a mediano plazo. La segunda es en cuanto al largo plazo, donde se enfatizó la importancia de adaptar el diseño del mercado mayorista ante las nuevas condiciones que demanda la transición energética como es la alta penetración de energía renovables, resguardando los niveles de competencia en el segmento de la generación.
En este sentido, ACERA solicitó al Ministro de Energía examinar algunas experiencias en mercados de la región en donde la reforma hacia un mercado de ofertas no se tradujo ni en mayor competencia ni mejores precios al consumidor final.
En la ocasión también se abordaron aspectos fundamentales del Proyecto de Ley de Transición Energética y de Estabilización de Tarifas, ambos proyectos en trámites legislativos en curso en el Parlamento. ACERA manifestó que los proyectos de ley de transición energética y de estabilización tarifaria presentados por el gobierno buscan, por distintos caminos pero en el mismo sentido, la protección de los consumidores finales.
Sobre el proyecto de ley de transición energética, son tres los aspectos cruciales para la industria. El carácter permanente y con mecanismos claros y proporcionales a la afectación por congestiones a empresas generadoras en materia de devolución de los ingresos tarifarios, la incorporación de almacenamiento sin distorsiones de volúmenes ni precios, y las mejoras a la transmisión que el proyecto ya plantea, pues tiene por objeto evitar que los contratos de suministro eléctrico renovable de menores precios caigan en insolvencia por la falta de inversión en transmisión y la ausencia de incentivos al almacenamiento de energía, en un modelo de mercado eléctrico que no está adaptado a una alta penetración de energías renovables. Esta ley se enfoca en preservar las condiciones de competencia en la industria energética, manteniendo operativos los contratos de suministro eléctrico renovable que contribuyen significativamente a reducir el precio de la electricidad para los consumidores finales.
Concatenado a este primer proyecto, la necesidad de estabilización tarifaria en el segundo proyecto, cuyo espíritu también se hace cargo del necesario ajuste a los precios de la energía, que se han mantenido congelados desde el 2019 a través de mecanismos de estabilización transitorios y, al mismo tiempo, se encarga de proteger a los consumidores más vulnerables. Para ello, se establece un mecanismo para mitigar los incrementos previstos en las tarifas para los consumidores regulados y simultáneamente establece un subsidio, entre el 2024 y 2026, dirigido a las familias de bajos recursos.
El congelamiento de las tarifas desde el 2019 acumula una deuda de los consumidores con los generadores de energía que ya asciende a US$ 5.500 millones, por lo que la ley de estabilización tarifaria facilitará el pago de esta significativa deuda, que es un compromiso y realidad ineludible. Su oportuno cumplimiento en este contexto es fundamental para la estabilidad y competitividad de la industria generadora de energía renovable del país y una señal muy importante para los inversionistas y la banca internacional. Una industria generadora de energía renovable sana y competitiva permitirá otorgar mayores beneficios a los hogares de Chile en el corto, mediano y largo plazo.
“Ambos proyectos son necesarios para el país, ya que permitirán proporcionar señales positivas a la banca e inversionistas internacionales para que sigan invirtiendo en la transición energética de Chile”, indicó el Presidente de ACERA, Sergio del Campo.
Por último, el gremio fijó su posición ante el Ejecutivo sobre una eventual renegociación de contratos que se discute como alternativa, indicando que no es una opción legal que el gremio apoye. “No es una opción legal sostenible ‘botar’ contratos, pues sería una erosión jurídica grave a la estructuración del mercado de contratos, base de la transición energética y que ha permitido la instalación de tecnologías limpias en nuestra matriz precisamente desde el 2014 en adelante. Abrir esta puerta como solución atenta contra la base jurídica del sistema de contratos, y luego, ante cualquier eventualidad, existe el riesgo de siempre solucionar los temas residiendo un contrato, que fue cerrado y asumido en su momento, por las partes, clientes y suministradores, bajo el amparo del marco legal vigente y que no puede ser cambiado a merced de cada coyuntura”, manifestó Rojas.
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