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El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha ido en aumento en los últimos años. De hecho, durante 2022 Enel Distribución registró 759 casos dentro de su zona de concesión, lo que representó un aumento de 314% respecto al año anterior, cuando apuntó 242. De esta forma, entre enero y diciembre, se sustrajeron 30.360 conductores, lo que equivale a más de $760 millones asociados a costos de reposición.
Estos ilícitos originan fallas en el suministro, perjudicando a familias que se ven afectadas por variaciones de voltaje, interrupciones de servicio y descargas eléctricas que ponen en serio riesgo tanto al personal técnico que realiza el mantenimiento de las redes de distribución, como a los responsables de este tipo de delitos. De hecho, durante 2022, siete personas fallecieron al cometer estos ilícitos y una persona sufrió un accidente grave. Esto representa un incremento respecto a 2021, año en que se registraron dos accidentes fatales dentro de la zona de concesión de la compañía.
Cuando ocurren este tipo de situaciones, las protecciones de seguridad de la red funcionan de manera automática, cortándose inmediatamente la corriente al momento de detectar este tipo de accidentes. Sin embargo, la gran intensidad de la descarga eléctrica muchas veces provoca un desenlace fatal para quien manipula la red sin conocimientos ni protección. También afecta la continuidad y estabilidad del suministro del sector donde ocurre el delito, perjudicando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad.
Víctor Tavera, Gerente General de Enel Distribución, declaró: “Como empresa, no podemos evitar directamente estos delitos, sin embargo, sí realizamos acciones para limitarlos, como la reparación, sellado y cambio de las tapas de cámaras e implementar sistemas de control de acceso a las bóvedas y monitoreo permanente de nuestras instalaciones, además de mantener la comunicación permanente con distintos municipios y Carabineros. No obstante, creemos que debiera existir una ley específica de robo de cables que ponga el foco en evitar la compra y venta de cobre proveniente del robo, y que se haga cargo de los efectos que provoca este ilícito. Hacemos un llamado permanente a la comunidad a denunciar estos hechos”.
La comuna más afectada por los robos de cables en 2022 fue Santiago, con 349 casos. Le siguen Recoleta (170), Providencia (102) e Independencia (83). Como resultado, la compañía estima que los robos de cables de media tensión perjudicaron a más de 170.000 clientes.
Asimismo, entre enero y diciembre los gastos asociados a atención de fallas y restitución de cables dañados ascendieron a cerca de $769 millones, sin considerar los costos por artefactos o electrodomésticos afectados.
Además de tomar medidas para resguardar sus instalaciones, periódicamente Enel Distribución realiza campañas de difusión a través de sus canales de comunicación digitales y en medios masivos para informar sobre los riesgos asociados al robo de cables, destacando que es un delito que pone en serio riesgo la vida de las personas que lo cometen, la de los técnicos que realizan los mantenimientos y también de los vecinos y la comunidad que utiliza el espacio público.
Fuente: www.enel.cl
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