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Según el último informe del ‘Rastreador de recuperación sostenible’ de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), el gasto en energía limpia destinado por los gobiernos en respuesta a la crisis de la Covid-19 ha aumentado un 50% en los últimos cinco meses, superando los US$710 mil millones en todo el mundo.
Esta cantidad de gasto aprobado, sin precedentes, es más del 40% que el gasto verde global contenido en los paquetes de estímulo que los gobiernos promulgaron después de la crisis financiera mundial en 2008.
Las economías avanzadas representan la mayor parte de este esfuerzo con más de US$370 mil millones destinados a gastarse antes de finales de 2023, un nivel de gasto gubernamental a corto plazo que ayudaría a mantener la puerta abierta para el camino global de la IEA hacia cero emisiones netas para 2050.
Sin embargo, en las economías emergentes y en desarrollo, la cantidad total de recursos fiscales que se dedican a medidas de recuperación sostenible es una décima parte de la cantidad en las economías avanzadas.
En estos países, se planean alrededor de US$52 mil millones de gastos de recuperación sostenible para finales de 2023, un monto que está muy por debajo de lo que se necesita en un camino hacia cero emisiones netas, antes del 2050.
Incluso en las economías avanzadas, según el informe de la IEA, algunos de los fondos asignados corren el riesgo de no llegar al mercado dentro de los plazos previstos. Los retrasos en la creación de programas gubernamentales, las continuas interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y la incertidumbre financiera han obstruido las carteras de proyectos.
Por otro lado, las medidas orientadas al consumidor, como los incentivos para la modernización de edificios y los vehículos eléctricos, tienen dificultades para llegar a un público más amplio debido a problemas que incluyen la burocracia y la falta de información.
El ‘Rastreador de recuperación sostenible’ examina y pone a disposición del público más de 1.000 políticas nacionales promulgadas para acelerar las transiciones de energía limpia, como parte de las medidas fiscales para limitar las consecuencias económicas de la pandemia.
Este documento se publicó por primera vez en julio de 2021 y los líderes del G20 solicitaron su actualización en la última reunión de noviembre de 2021, efectuada en la ciudad de Roma.
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