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Oscuro es, por decir lo menos, el panorama que enfrenta la industria eléctrica argentina producto de la crisis económica que afecta al país, una que se agravó en mitad del gobierno de Mauricio Macri y que se ha visto acentuada con la llegada del nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández.
Esto porque nada peor para el mundo inversionista que la incertidumbre que impera al otro lado de la cordillera ante el pago de la deuda. En el webinar Energía & Crecimiento en Argentina, organizado por la consultora LLC, resaltó la ansiedad de los actores ante la falta de señales vinculadas al cumplimiento de los compromisos financieros del país ante bonistas privados y el FMI, organismo que cedió más de 50.000 millones de dólares al gobierno de Macri para estabilizar las cuentas, deuda que el actual ejecutivo pretende “reestructurar” en el corto plazo.
Esta incertidumbre ha tenido como efecto inmediato la inexistencia de políticas públicas orientadas a impulsar el mercado eléctrico y a fijar las nuevas tarifas del sector, señaló. “La economía muestra un proceso de decadencia. El PBI cayó un 11% en los últimos 10 años. Estamos peor que hace diez años”, señaló Néstor Scibona, periodista experto en energía, quien agregó que “en el gobierno anterior la baja de subsidios fue financiada con crédito externo, pero luego de dos años se cortó ese crédito, y esto marcó el fin del gobierno de Macri, que terminó su mandato con congelamiento de precios, controles cambio y salida masiva de capitales del sistema financiero”, agregó.
“La apuesta del gobierno de Fernández es reestructurar las dfeuda, mientras no lo haga no va a haber ninguna política estructural”, agregó finalmente.
En tanto, el consultor internacional Roberto Brandt señaló que “primero hay que resaltar que a dos meses y medio aún no se completa el organigrama del sector energético” producto de las disputas dentro del bloque gobernante.
“Todavía no ha comenzado la revisión de las tarifas que tenían un plazo de 180 días y tampoco se produjo la intervención de los reguladores”, recordando que el gobierno incluso se comprometió a revisar, uno a uno, los proyectos de generación renovable y de ejecutar el traspaso de Edenor y Edesur a la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, además de pesificar la generación eléctrica y aplicar retenciones a las exportaciones, “que en la Ley de Emergencia Pública fue fijado en 8%, aunque la AFIP, el ente recaudador de impuestos, sigue cobrando el 12%”, concluyó.
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