¿Cuál es su visión del actual escenario energético del país?
A grandes rasgos, la industria eléctrica está viviendo una etapa de readaptación que ha tenido su origen en la crisis del gas natural. Es decir, una etapa en la que empiezan a madurar los proyectos surgidos a partir de las modificaciones legales del año 2004, motivadas por la mencionada crisis. Estos proyectos deberían aliviar la situación desde el punto de vista de la seguridad del abastecimiento, así como contribuir a mejorar el nuevo escenario que surge a raíz del aumento de los precios del petróleo y otros combustibles.

En este sentido, los crecientes precios de los combustibles fósiles están provocando una situación que está en evolución. Sin embargo, creo que es la manera habitual de operar del sector eléctrico: los cambios en el precio relativo de un bien equipo o insumo obligan a hacer ajustes en la matriz energética.

¿Fueron adecuados los cambios propuestos por las Leyes Cortas?
Creo que los cambios en la regulación eléctrica fueron adecuados y apuntaron en el sentido correcto. De hecho, son una redefinición de los mercados de Generación, Transmisión y Distribución. Lo único que faltó es haber tenido una reacción más rápida, ya que estos cambios se demoran cinco o más años en tener un efecto notorio en la seguridad del sistema.

A su juicio, ¿cuáles fueron los mayores avances introducidos por esta legislación?
Creo que las Leyes Cortas introdujeron varias temáticas que estaban ausentes de nuestra legislación. Además de prácticamente redefinir la actividad de Transmisión, esta regulación normalizó temas que no estaban considerados por la normativa anterior, como las Energías Renovables No Convencionales y los pequeños medios de generación, también conocido como cogeneración.

En estas materias, nuestra legislación se había quedado atrás con respecto a lo que se está haciendo en otros países y al introducirlos en la ley nuestra regulación eléctrica se pone al nivel de lo que se está haciendo en otros marcos regulatorios y se abren más oportunidades para que se generen proyectos. Al contar con un marco legal, los proyectos que incorporen estas tecnologías pueden desarrollarse de manera más natural.

¿Cómo evalúa el funcionamiento del Panel de Expertos?
En su quinto año de funcionamiento, el panel está cumpliendo a cabalidad la función que le asignó la ley. Durante los dos primeros años, nuestra labor se orientó a solucionar los problemas que no habían sido resueltos con la legislación anterior, como muchas disputas relacionadas con el CDEC y entre generadoras. Sin embargo, esta institución también debe emitir pronunciamientos sobre otras materias que están establecidas en la Ley, que tienen que ver con la fijación de los procesos de subtransmisión, de transmisión troncal, valores nuevos de reemplazo de empresas distribuidoras, sistemas medianos, servicios adicionales, etc. Todos estos procesos se materializan cada cierto número de años y el panel ha tenido que resolver sobre muchas problemáticas de este tipo.

A su juicio, ¿cuál ha sido su mayor mérito?
No me corresponde a mí señalar los méritos del Panel. En todo caso, quisiera destacar que por disposición legal el Panel tiene que resolver sus discrepancias en un plazo de 30 días. En este sentido, en términos de plazos, el Panel es un mecanismo altamente eficiente para resolver las discrepancias. Eso es muy valorable, pues impide que los temas se transformen en discusiones eternas que nunca terminan de zanjarse. No obstante, esa característica es un mérito de la Ley, no del panel.

El Panel de Expertos se creó por la Ley 19.940, popularmente conocida como "Ley Corta I", y su objetivo es resolver discrepancias y conflictos que se susciten por la aplicación de la legislación eléctrica.
Está compuesto por siete profesionales de amplia trayectoria profesional o académica y que han acreditado, en materias técnicas, económicas o jurídicas del sector eléctrico, dominio y experiencia laboral mínima de tres años. La ley dispone que cinco de ellos deben ser ingenieros o licenciados en ciencias económicas, nacionales o extranjeros, y que dos deben ser abogados. Los integrantes son designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, mediante un concurso público por períodos de seis años. La composición se renueva en forma en forma parcial cada tres años.