Más allá de las discusiones propias de la política y de los argumentos contingentes, es cierto que para mantener su ritmo de crecimiento el país requiere que su infraestructura de generación energética aumente a un ritmo superior al 6% anual promedio. Hoy, vemos una discusión pública en la que diferentes actores políticos, económicos y sociales -con argumentos de diversa índole- proponen que el país base su crecimiento energético, y que incluso reemplace algunas fuentes actuales, con combustibles como el carbón y el gas natural, o priorizando las centrales hidroeléctricas o nucleares.

Si bien todas las consideraciones son atendibles, la clave está en que el país sea sincero y cree una matriz que sea sustentable en el tiempo, eficiente en cuanto a costos, segura en su operación y amigable con el medioambiente. Aunque estos factores son complejos de combinar, es posible hacerlo.

Como país dependiente en su abastecimiento energético para generar energía eléctrica, Chile debe utilizar combustibles que se transen ampliamente en el mercado internacional y que no tengan riesgo de desabastecimiento. El país debe tener la flexibilidad para saltar de una energía a otra, ya que eso es la mejor garantía de seguridad.

Es así como en el mediano y largo plazo, la opción más lógica para el país es combinar diferentes fuentes, como carbón e hidroelectricidad. Junto a la disponibilidad mundial de carbón y a las nuevas tecnologías que permiten quemar amplia variedad de carbones, Chile aún cuenta con recursos hídricos distribuidos en un territorio muy amplio para desarrollar proyectos energéticos.

Una tercera opción cierta, aunque en el mediano plazo, es la energía nuclear. Si bien el actual Gobierno ha planteado que no ejecutará proyectos de este tipo, es imprescindible que se realicen los estudios necesarios para ver su factibilidad real y que se promueva un debate amplio a nivel nacional.

Para que la matriz energética se defina y se realicen las inversiones, se requiere que todos los actores cumplan sus roles. En ese sentido, el Estado debe generar un marco claro de inversión y desarrollo, que sea motivante, pero que también defienda los intereses ambientales y sociales. Por su parte, los actores privados también tienen un rol clave: generar nuevos proyectos de alta calidad, seguros y eficientes para que el país pueda basar en ellos su crecimiento futuro.