Sin lugar a dudas, el proyecto de portabilidad eléctrica, recientemente ingresado a la Cámara de Diputados para ser analizado y discutido en la primera fase por la Comisión de Minería y Energía, es una de las modificaciones a la Ley Eléctrica con mayor impacto desde que fuera promulgada en el año 1982.

En efecto, las reformas anteriores, inadvertidas para la mayor parte de la población, solo eran percibidas cuando algunas de ellas impactaban, positiva o negativamente, en las cuentas de la luz. El actual proyecto, una vez que la ley se encuentre en régimen permanente -lo que puede tardar varios años desde que sea promulgada-, no solo pretende tener un impacto en las cuentas con rebajas importantes, sino que además convertirá a todos los usuarios finales de electricidad en actores activos. Esto quiere decir que ellos tomarán las decisiones respecto de quién será su suministrador y, probablemente, teniendo opciones respecto del origen de la energía (verde o no), el tipo de tarifa que más le acomode en función de su perfil de demanda o su nivel de aversión al riesgo. Así, en general, elegiría respecto a la oferta de valor que le entregue el suministrador, a lo que debería sumarse una mejora sustancial en la calidad de servicio comercial. Asimismo, los usuarios finales contarán con la capacidad de elegir a quien delegar la administración de sus recursos distribuidos de energía (por ejemplo, generación solar, baterías, vehículos eléctricos, etc.), permitiéndoles generar mayores ingresos derivados de la correcta gestión de estos activos.

Resulta, por lo tanto, un proyecto altamente atractivo por el impacto que pueda tener no solo en la pequeña y mediana industria, que hoy no califica para ser cliente libre (aquellos que ya están habilitados para escoger a su suministrador pactando libremente las tarifas) sino también para el usuario residencial.

Para lograr el objetivo deseado, el proyecto se centra en introducir la competencia en el mercado del suministro de electricidad, dando reconocimiento legal a una figura que hoy existe de facto, el comercializador puro, entendiendo como tal a un agente que podrá comprar grandes bloques de energía y venderla a terceros sin necesidad de tener medios de generación de energía propios. Simultáneamente, se definen las licitaciones de suministro para dar seguridad en el abastecimiento de energía y se crea la figura del Gestor de la Información, ente encargado de recolectar y administrar la información de los consumos de energía, entre otras funciones.

Es el propósito del Ejecutivo, plasmado en el proyecto de ley enviado, tener una ley habilitante, es decir, una ley que se ocupe de los aspectos principales, dejando para reglamentos posteriores -que deberán estar listos en un plazo máximo de 18 meses después de promulgada la ley-, los aspectos técnicos más precisos con el fin de dar flexibilidad frente a cambios tecnológicos o de otra naturaleza que se puedan presentar en el futuro.

Factor esencial: la competencia

En ese contexto, aparece el desafío principal que tendrá la discusión de la ley y que se puede resumir en cómo asegurar que efectivamente se produzca y mantenga la competencia y que esta sea equilibrada. El mercado del suministro de electricidad está dominado hoy por dos grupos pequeños de actores de gran capacidad financiera, y por lo tanto de recursos: las empresas de generación (donde cinco empresas controlan más del 76% de la generación bruta) y las de distribución (en el cual solo cuatro grupos controlan la mayor parte del mercado). Es decir, estamos en presencia de dos poderosos oligopolios que naturalmente querrán incursionar en la comercialización.

Es esencial para lograr que se alcance un nivel de competencia, que la ley y sus reglamentos permitan la creación de nuevas empresas de comercialización y que estas, más las que hoy ya se encuentran comercializando, tengan un escenario regulatorio y de mercado para poder competir en igualdad de condiciones frente a las empresas existentes.

Experiencias internacionales muestran que donde no han impuesto limitaciones, o han sido mínimas, el mercado de la comercialización se mantuvo concentrado en unas pocas empresas (los mismos actores previos a la incorporación de la figura del comercializador), no obstante que los nuevos entrantes ofrecían tarifas menores. Ese es el caso de Inglaterra donde hoy las seis compañías más grandes (conocidas como las “Big Six”) mantienen el 73% del mercado o el de España donde, al año 2018, más del 86% de la comercialización estaba en manos de cinco empresas.

Solo un escenario de libre competencia real permitirá mantener en el tiempo que los precios ofrecidos sean los menores posibles y que la calidad de servicio comercial esté acorde con la necesidad de los usuarios, puesto que aquellos competidores que no hagan ofertas atractivas y no alcancen estándares de calidad de servicio óptimos verán rápidamente mermados sus ingresos.