La Ley General de Servicios Eléctrico dispone que un cliente que se conecta directamente o mediante líneas de su propiedad o de terceros a las redes de una empresa distribuidora, o es suministrado desde instalaciones de generación o transporte de una empresa eléctrica en sistemas de tamaño superior a 1.500 kW, y cuya potencia conectada es superior a 500 kW e inferior a 5.000 kW, puede optar por un régimen de tarifa regulada o de precio libre, con un período mínimo de cuatro años de permanencia en cada régimen. El cambio de opción deberá ser comunicado a su actual suministrador con al menos una antelación de 12 meses.

El éxodo en el último tiempo de estos clientes (principalmente de aquellos abastecidos por una empresa distribuidora), de un régimen de tarifa regulada a precio libre, ha obedecido a las mejores condiciones comerciales de suministro al que pueden optar hoy bajo la modalidad de cliente libre. Esto gracias al desafío competitivo que ha originado la masificación y creciente incorporación en nuestra matriz de fuentes de energía renovable, principalmente por la madurez tecnológica, de costos, y condiciones de contratación que han experimentado tecnologías como la solar fotovoltaica y la eólica.

Los resultados obtenidos en los procesos de licitación de suministro a clientes regulados de 2016 y 2017, con ofertas muy competitivas y un alto número de empresas participantes, evidenció la disposición de muchas de las empresas generadoras -cuyas ofertas no fueron adjudicadas en dichas licitaciones- a comprometer suministro de energía a precios significativamente menores a los registrados hasta ese entonces en otros procesos.

Producto de este nuevo escenario, en el último tiempo empresas suministradoras, ya sea generadoras o distribuidoras, han establecido nuevos contratos a precio libre con un porcentaje significativo de los clientes que pueden optar entre tarifa regulada y precio libre (i.e. aquellos que han cumplido con informar a la empresa distribuidora su decisión de optar a un régimen de precio libre). Estas gestiones han surgido principalmente desde los clientes, quienes han identificado la oportunidad de obtener mejores condiciones para su suministro eléctrico. Estos negocian en calidad de “clientes libres” con las distribuidoras que les entregaban el suministro a tarifa regulada o directamente con empresas generadoras. Estas gestiones se han traducido en negociaciones bilaterales y también en licitaciones más amplias, que han permitido agregar demanda eléctrica de un grupo de clientes. Adicionalmente se ha facilitado esta migración gracias a plataformas tecnológicas orientadas a conectar usuarios con proveedores de energía.

Los beneficios del nuevo escenario podrían alcanzar a más clientes si existiera mayor transparencia y acceso a la información de contacto y consumo de ellos. En este aspecto, ha habido avances recientes importantes a través de dos instancias: una de carácter administrativa y otra normativa:

(i) El 26.07.2017 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a través del Oficio Circular N° 13.285, instruyó a las distribuidoras que informen la individualización de los clientes que le han solicitado, desde el 29.01.2015, cambiar de suministro a uno no sujeto a fijación de precios. Además, deberán informar para todos sus clientes en el rango de 500 kW y 5.000 kW la potencia conectada y el tipo de tarifa. Si bien esta información es posible obtenerla mediante los mecanismos que establece la Ley de Transparencia, en la práctica, y por el formato que utiliza la empresa de distribución para emitir su informe, es imposible la individualización precisa de cada uno de los clientes.

(ii) El 7.12.2017, vía Resolución Exenta N° 701 de la Comisión Nacional de Energía, se publica la primera Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, la que contempla entre sus disposiciones que las empresas distribuidoras deberán entregar mensualmente a la SEC y al Coordinador Eléctrico Nacional un catastro actualizado de los clientes sujetos a regulación de precios que, de conformidad con la Ley, puedan optar por un régimen de tarifa no regulada. Dicho catastro deberá comprender la siguiente información: nombre o razón social del cliente; potencia conectada; y el consumo energético mensual promedio para los últimos 12 meses. Es precisamente este catastro el que fue publicado por el Coordinador hace algunas semanas.


Aunque estos dos hitos son avances positivos hacia una mayor transparencia y acceso a la información, ya que aumentan la posibilidad de generar competencia en un segmento de clientes que hasta la fecha, y en la práctica, ha sido de amplio dominio de las empresas distribuidoras, aún no se ha evidenciado el efecto que tiene el disponer de la información que estas iniciativas contemplan, y es probable que sean necesarios ajustes y precisiones para que esta información sea un aporte efectivo a la mayor competencia y el consecuente beneficio para los clientes.

Este nuevo escenario conlleva finalmente algunos desafíos relacionados con los procesos de contratación de suministro para los clientes regulados, los que deberán entregar cada vez mayor precisión en las proyecciones de la energía por contratar o subsecuentemente un mayor equilibrio en la distribución de los riesgos, en especial el de la sobrecontratación de demanda.

En síntesis, facilitar a los clientes potencialmente libres de escoger su régimen de precios bajo un esquema de mayor transparencia y acceso de información permite que más usuarios de ese segmento accedan a los beneficios económicos de un suministro de energía más competitivo, con el consecuente aporte a la productividad del país y la oportunidad de avanzar de manera decidida hacia un futuro más eléctrico, energéticamente eficiente y más renovable.