Rubén Verdugo.
Desde el punto de vista de la SMA, ¿en qué pie se encuentra el sector eléctrico?
Abordamos el sector eléctrico en dos frentes: generación (termoeléctricas e hidroeléctricas) y transmisión. En el primero, del total de los proyectos termoeléctricos evaluados (79 unidades), el 63% cumple con las normas de emisión -Decreto Supremo 13- y el 37% no cumple. Respecto a los proyectos hidroeléctricos, nos enfocamos en su etapa de construcción, en los cuales desde 2014 hemos observado desviaciones, principalmente por la falta de permisos. Sobre líneas de transmisión, el proyecto más destacado que hemos evaluado es Polpaico-Cardones.
En general, ¿cumplen las empresas eléctricas con la normativa ambiental?
Observando los proyectos de forma transversal, integrando todos los sectores, advertimos que el mundo eléctrico tiene, en general, un buen comportamiento respecto al cumplimiento de las normas.
De hecho, mejorando algunos puntos podrían tener incluso un mejor comportamiento. Si tuviéramos que evaluarlos en una escala de 1 a 7, tendrían entre un 4 y un 5 de calificación. Este mejor comportamiento frente a otros sectores, podría atribuirse a un mayor compromiso de las empresas o a que estos proyectos son menos complejos.
En ese sentido, ¿cuáles son sus principales falencias?
Una falencia transversal a cualquier sector, es la vinculación de los proyectos con su entorno. Los grandes proyectos hidráulicos y eléctricos, particularmente en el sur, presentan debilidades en su acercamiento hacia las comunidades indígenas y en relación a la percepción que tiene la comunidad general respecto a ellos: que son contaminantes y que pueden afectar negativamente la calidad de vida de las personas. Otro elemento, como comenté, sería la falta de permisos o acciones que no se han realizado, o por lo menos, no de la forma correcta.
¿Qué acciones de fiscalización realiza la SMA en el ámbito de los proyectos eléctricos?
Es importante destacar que la finalidad de la SMA no es sancionar, sino que evaluar el cumplimiento de las distintas normativas e instrumentos de gestión ambiental que existen a nivel nacional, desde las Resoluciones de Calificación Ambiental hasta los Planes de Descontaminación en las distintas ciudades del país.
En este contexto, nuestro pilar de acción es la fiscalización. Como División de Fiscalización, priorizamos los proyectos según importancia y número de denuncias, focalizamos algunos ámbitos de intervención fundamentales, evaluamos el comportamiento y cumplimiento de estos, y, si observamos desviaciones, generamos un reporte que es derivado a la División de Sanciones. En ese espacio, se evalúa la situación en un contexto y se decide si se formularán cargos contra el proyecto.
Respecto al mundo eléctrico, el frente que más abordamos es el cumplimiento del DS 13 (norma de termoeléctricas), donde tenemos una agenda mucho más intensa.
¿Qué investigaciones están realizando actualmente en esta materia?
El gran proyecto que tiene toda la atención a nivel nacional es Alto Maipo. Este ha sido priorizado cada año para inspección y hemos levantado información que está siendo procesada actualmente. En el sur, los proyectos Bocamina y Santa María tienen varias denuncias, por lo que también los estamos evaluando.
¿Qué desviaciones presenta Alto Maipo?
Dentro de los hallazgos que hemos detectado, es la División de Sanciones la encargada de evaluarlos. Parte del informe ha sido público por el juicio que está en la Corte de Apelaciones de San Miguel por el recurso de protección que puso Alto Maipo, información que es pública. Independiente de ello, como Superintendencia, tenemos una constante fiscalización respecto de este, y otros proyectos.
¿Cuáles fueron los principales resultados de las actividades ejecutadas en 2015?
Los resultados dan cuenta, desafortunadamente, que estamos en un nivel de incumplimiento ambiental importante a nivel nacional. Sin embargo, cuando se compara con la realidad internacional, nos damos cuenta de que es una situación que han vivido todos los países que hoy le dan gran importancia al tema ambiental. Es decir, en una primera etapa se observa un significativo incumplimiento, pero después se llega a un nivel en donde el cumplimiento se da como algo natural. No obstante, si bien hay un incumplimiento, se están fortaleciendo las capacidades del Estado en torno a su capacidad fiscalizadora.
Por otra parte, toda la información recogida desde 2014, esperamos tenerla sistematizada y categorizada por sector a fines de este año. La idea es que los titulares puedan acceder a los datos de su sector para ver cuáles son las principales falencias y, de ese modo, hacer correcciones en sus proyectos. Porque pese a nuestra buena red de fiscalización, no tenemos la capacidad para tener un fiscalizador por proyecto; son más de 15 mil los proyectos con RCA, de los cuales solo podemos fiscalizar alrededor de 350 al año.
Finalmente, quisiera invitar a todos los interesados en obtener más información, a visitar nuestra web, www.sma.gob.cl, y allí encontrarán un banner que dice “SNIFA” (Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental). En la web, está disponible toda la información de fiscalización y sanción, para que puedan irse enterando y aprendiendo de lo que estamos publicando día a día.