María Isabel González.
En el ítem “Calidad y Continuidad de Servicio Eléctrico”, ¿en qué nivel se encuentra Chile?
En nuestro país, existen dos realidades en materia de calidad y continuidad de servicio eléctrico. En las ciudades, la calidad y el servicio de los sistemas eléctricos generalmente son buenos, siendo capaces de proporcionar a los usuarios un servicio de calidad. Sin embargo, en las zonas rurales aisladas es donde están las deficiencias en este sentido, debido principalmente a la lejanía de estas, lo que conlleva que ante fallas, el servicio y soporte por parte de las empresas eléctricas demore en llegar y no sea tan eficaz.
¿Dónde se encuentran las falencias del sistema eléctrico nacional?
Por una parte, en los altos precios de la electricidad, situación que favorablemente ha estado cambiado en los últimos años; sin embargo, creo que la mayor falencia es la histórica mirada de minimización de costos de inversión en la planificación de los sistemas de transmisión, lo que en definitiva se traduce en obras nuevas que quedan “chicas” antes de ser puestas en servicio. Otra falencia es la falta de regulación de los sistemas de subtransmisión. En varios casos, estos operan en una configuración muy lejana a la óptima, con mayores costos e inseguridad en el servicio, lo que en la práctica se manifiesta en caídas del sistema. Actualmente, la legislación eléctrica chilena no exige a las empresas propietarias de sistemas de subtransmisión invertir en las ampliaciones necesarias.
Para revertir este escenario, existe un proyecto de ley en último trámite legislativo que modifica la regulación en Transmisión Eléctrica, estableciendo planificación de largo plazo a través de un proceso anual de expansión a cargo de la Comisión Nacional de Energía, con expansiones vinculantes para los propietarios de estas instalaciones.
¿Cómo este proyecto de ley impactará sobre la calidad y continuidad del suministro?
Creo que impactará positivamente en la calidad y continuidad del suministro, ya que si se fortalece la transmisión y se emplean nuevos criterios para planificar la expansión de este segmento, se podrá minimizar el riesgo en el abastecimiento de energía eléctrica, lo que se traduciría en menos interrupciones del suministro eléctrico.
Del mismo modo, este proyecto crea condiciones para promover la oferta y la competencia entre los agentes del sector, lo que conllevaría a que las cuentas de luz sean más baratas que en la actualidad.
¿Y cuáles son los desafíos del sistema?
Un gran desafío es aprovechar nuestros recursos propios (hidroelectricidad, energía solar, energía eólica) en forma sustentable y con respeto a las comunidades aledañas.
¿Qué medidas propone para mejorar en esta materia?
Creo que se deberían tomar más medidas que promuevan la asociatividad con las comunidades y la colaboración mutua; la meta es tender a un modelo de desarrollo colaborativo en que las comunidades efectivamente obtienen beneficios directos de los proyectos que las afectan.
¿Hay algún ejemplo a nivel internacional que le gustaría replicar en nuestro país?
Hay varios. En Canadá, por ejemplo, los propietarios de proyectos suscriben acuerdos bilaterales con las comunidades que abordan los impactos socioeconómicos que pueden provocar estos, incluyendo aspectos como capacitación y empleo, oportunidades comerciales para la comunidad en la provisión de servicios, protección ambiental del territorio, entre otros. Otro ejemplo digno de replicar es Nueva Zelanda, donde las comunidades indígenas tienen participación directa en los proyectos que utilizan los recursos en sus áreas de protección, como los geotérmicos.