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Hugh Rudnick, académico y consultor:
“Soy optimista que con este proyecto
el sistema de transmisión no necesitará mayores ajustes”

A mediados de 2014, el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, con el apoyo de la Universidad Católica, comenzaron a trabajar en la elaboración del proyecto de ley que reestructura el sistema de transmisión eléctrica y que fue ingresado recientemente al Congreso. Para profundizar en los cambios y beneficios de esta iniciativa, conversamos con Hugh Rudnick, uno de los académicos detrás del estudio.
Hugh Rudnick.

¿Cuáles fueron las deficiencias que se observaron en el sistema de transmisión?
Como país teníamos una mirada muy de corto plazo en la planificación, pese a que se suponía que era de largo plazo. Como resultado, tenemos un sistema insuficiente para las necesidades del país, llegando tarde con líneas de transmisión a un mercado congestionado, con problemas de conexión de las generadoras y con restricción en la inversión en transmisión.

¿Qué propuestas entregan para resolver estos temas?
En la medida en que enfrentemos los riesgos que se puedan dar en el ámbito de la generación y construyamos una transmisión más robusta, habrá más competencia en la generación y los actores de este segmento verán menos riesgos en su acceso al mercado, lo que se traducirá en más energía y más barata. En este proyecto hay un cambio de paradigma importante, en el que se incorpora al Estado con una visión más de largo plazo, a través de un proceso de planificación a 30 años. Para ello, el Ministerio de Energía deberá identificar dónde están las zonas del país con mayor potencial de generación, es decir, los polos de desarrollo, y ver de qué manera se pueden resolver los problemas que tienen las centrales de esas zonas para conectarse al sistema con energía a precios más competitivos. Todo esto le dará más holgura al sistema.

¿Por qué se entrega al Estado un mayor rol en estas decisiones?
Con la privatización del sector eléctrico, se pensó que los privados podrían resolver los problemas que surgieran en ese mercado, pero, con el paso de los años, estos no fueron capaces de enfrentar las dificultades y requerimientos del sistema. Entonces, ahora se busca un mecanismo a través del cual el Estado se involucre.

El proyecto plantea que el Ministerio de Energía realizará un estudio de franja con el que se planificará la expansión de líneas de transmisión, a través de un proceso llamado “Evaluación Ambiental Estratégica” que analizará las ventajas y dificultades de todas las alternativas de trazado, incorporando a las comunidades. Luego, se definirá la franja que será declarada por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad y se pedirá al privado que construya la línea. La esperanza es que con la participación de las comunidades, se haga más fluido el proceso de construcción de líneas.

Con estos cambios, ¿qué actores se verían afectados?
Los consumidores finales se verán beneficiados con energía a precios más económicos. Hoy son las generadoras las que pagan la transmisión (costo que incorporan en sus precios y contratos y, por lo tanto, cobran indirectamente al consumidor). Sin embargo, creemos que de esta forma los consumidores pagan más, por lo que el proyecto apunta a que sea la demanda quien pague directamente un precio justo por la transmisión. Por otra parte, los generadores también se verán favorecidos, pues tendrán un mayor acceso al mercado, gracias a la mejor planificación en transmisión.

En cuanto al cambio en el operador del sistema, ¿veían problemas de independencia?
Los primeros operadores del sistema fueron los generadores, después se sumaron los transmisores, los distribuidores y los grandes clientes, haciéndose un grupo más amplio. No obstante, siempre se cuestionó que al ser los mismos actores los que estaban involucrados en el sistema, pudiese haber conflicto de intereses. Así, se avanzó a través de cambios reglamentarios que le diera más independencia al operador, pero los directores todavía eran nombrados por los segmentos. Es por ello que en este proyecto se apuntó a crear una entidad privada totalmente independiente, con su propio gobierno, y con más responsabilidades. La idea es que este organismo sea realmente técnico, independiente, autónomo y que, además, monitoree la competencia en el mercado.

¿Qué experiencia internacional se incluyó en el proyecto?
Se discutieron dos modelos internacionales: uno que contempla un organismo privado independiente, sin fines de lucro, y otro que contempla la creación de una empresa con fines de lucro. Se eligió el primero.

Si se aprueba el proyecto, ¿cuáles serían los nuevos desafíos?
La implementación del proyecto implicará crear y mantener recursos técnicos y humanos que sean parte del Ministerio de Energía (que hoy no existen) y que trasciendan a los gobiernos políticos; considerar nuevas variables de riesgo, de comunidades, de ordenamiento territorial, que harán más complejo el proceso de planificación; lograr un directorio del nuevo operador que sea adecuado y responsable de su trabajo (hoy responden incluso económicamente), entre otros. En todo caso, soy optimista de que una vez implementado el proyecto no habrá mayores necesidades de ajustes al sistema de transmisión. Creo que los desafíos vienen del lado de la tecnología y la ubicación de las centrales de generación y la asociatividad, algo que no aborda el proyecto. En este sentido, celebro la actitud de las autoridades por esta forma de trabajo que abordaron, muy participativa y abierta a la discusión.

Septiembre 2015
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