Andrés Bogolasky.

A nivel de grandes instalaciones goza de gran salud, con más de 500 MW construidos y casi 2 GW en construcción. Sin embargo, en lo referente a instalaciones de menor escala, tanto térmicas como fotovoltaicas, el escenario es muy distinto, por lo cual es esencial que el marco regulatorio propicie las condiciones que permitan el despegue de estos segmentos.

El 22 de octubre de 2014 entró en vigencia la ley de generación distribuida. Esta ley permite que los usuarios de sistemas de menor escala (hasta 100 kW) puedan inyectar sus excedentes a la red eléctrica, recibiendo un pago por estos excedentes. Para un cliente BT1, los excedentes tendrán un valor de aproximadamente un 50% del valor al cual compra la electricidad a la distribuidora. Este diferencial en el precio se explica por los gastos de administración, mantención y facturación de las líneas que debe realizar la compañía distribuidora. Sin embargo, el diferencial es sustancialmente mayor al proyecto original que contemplaba un descuento de un 10%.

El sistema actual puede prolongar el “payback” de un sistema solar por más de 12 años en la Región Metropolitana. Con el proyecto original o con un sistema de “net-metering” (en el cual se “netean” consumo y generación, pagando el cliente solo la diferencia), el payback se reduce significativamente, haciendo mucho más atractiva la inversión para los usuarios. Esta realidad se ha visto reflejada en los 10 meses de operación que lleva la ley; hemos totalizado solamente en torno a 20 instalaciones. Es decir, estamos muy lejos de poder mostrar un despegue en este segmento.

Como ACESOL estamos convencidos de los beneficios que traería al país un Net-Metering, similar a los modelos exitosos de California o México, entre muchos otros. Por esto, es fundamental que podamos realizar un estudio que cuantifique los beneficios para el país asociados a una ley en la línea de un net metering. En particular, que podamos cuantificar el desarrollo de una nueva fuerza laboral, la disminución de emisiones de CO2, y la reducción en requerimientos de transmisión y distribución.

Respecto al segmento de energía solar térmica, el 30 de septiembre de 2014 ingresó al Congreso el proyecto que perfecciona la ley 20.365, la que implica un aporte fiscal para la instalación de sistemas solares térmicos para viviendas bajo UF 3.000. Esta ley funcionó hasta diciembre de 2013 y benefició a más de 40.000 familias. Se esperaba que esta nueva versión de la ley rigiera a partir del 1 de enero de 2015, sin embargo, ya tenemos más de ocho meses de atraso. Actualmente, se encuentra en tramitación en el Senado, donde como ACESOL expusimos tres puntos: a) necesidad de darle celeridad a su aprobación, de modo de minimizar la falta de continuidad que ha tenido esta política; b) necesidad que la ley sea retroactiva al 1 de enero de 2015, tal como lo señala la indicación que se incorporó al proyecto; c) necesidad de redestinar a los años 2017 y 2018 los más de 8.000 millones de pesos que no se utilizarán los años 2015 y 2016 producto del atraso en la promulgación de la ley.

En conclusión, consideramos que para poder acelerar los crecimientos de la energía solar a pequeña y mediana escala, es crítico que podamos contar con un marco regulatorio que facilite y no obstaculice su avance, ayudando a desarrollar dos industrias que podrán aportar de gran forma al progreso de nuestro país.