Raúl Valpuesta Araya, Subgerente Asuntos Regulatorios en Transelec
"Hoy existen trabas que dificultan el desarrollo de la infraestructura eléctrica" |  | | ¿Cuáles fueron los objetivos de este seminario?
El objetivo general de este encuentro fue promover un foro de discusión e intercambio de información en torno a las políticas públicas que se han implementado en los últimos 10 años. Asimismo, también buscábamos conocer algo de aquellas que se pretenden establecer para los años que vienen, en especial las destinadas a vigorizar la competencia en el sector eléctrico, a posibilitar el desarrollo de una matriz energética amplia, equilibrada y compatible con las exigencias medioambientales que la institucionalidad del país ha señalado, y hacer posible que los sistemas eléctricos se desarrollen adaptándose a escenarios estresantes ocasionados por una demanda y desafíos creciente.
¿Cuáles son las principales falencias de nuestro actual marco legal? Al parecer no fueron suficientes las Leyes Cortas I y II….
Las Leyes Cortas I y II obedecen a la realidad de cómo se enfrentaban las inversiones en infraestructura a principios de la década pasada, que es un contexto muy diferente a lo que se vive en el presente. Por ejemplo, la oposición a los proyectos de plantas generadoras estaban recién apareciendo (caso de la hidroeléctrica Ralco). Los plazos para desarrollar líneas de transmisión eran normalmente de tres a cuatro años, hoy en día pueden llegar a seis o más años debido principalmente a las tramitaciones de carácter ambiental y a la obtención de los derechos de paso. La aparición de la ERNC y de las redes sociales, entre otros fenómenos, son contextos que han ido evolucionando y eso lleva a la necesidad de perfeccionar la normativa en algunos aspectos.
 Entonces, ¿cuál es su balance?
La Ley Corta I fue exitosa en impulsar los proyectos de transmisión en un marco de planificación coordinada. Es así como desde su publicación se han realizado y se están ejecutando obras de inversión en los sistemas troncales por más de 2.100 millones de dólares. Por su parte, con la Ley Corta II se logró licitar suministros regulados de largo plazo a precios razonables, cubriendo las necesidades de la demanda al no disponer de gas argentino. Actualmente el sistema de licitaciones presenta algunos problemas que la revisión de la normativa busca superar.
¿Qué nuevas políticas energéticas requiere Chile en el corto, mediano y largo plazo?
Requerimos una política energética basada en los conceptos de sustentabilidad, eficiencia, seguridad de servicio, que promueva la competencia y con una visión de largo plazo que en definitiva lleve al país a contar con una matriz energética diversificada, menos dependiente de la volatilidad de los precios de combustible fósiles. Con un sistema de transmisión robusto y que cuente en forma oportuna con la capacidad suficiente para permitir la entrada de los proyectos de generación que se definirán en los próximos años. O sea, la transmisión se debe anticipar a la generación. La política energética debe incorporar objetivos medioambientales y de sostenibilidad, considerando la definición territorial de zonas aptas para el desarrollo de proyectos eléctricos. Debe ser inclusiva, buscando la manera para hacer participar a las comunidades en los desarrollos energéticos de manera de contar con el respaldo de la sociedad evitando la judicialización de los proyectos.
 Algunos sectores alegan tener un reglamento claro para evitar la suspensión de nuevos proyectos energéticos por presión social…
Efectivamente, es muy importante que la normativa sectorial y medioambiental sea lo más clara y precisa posible ya que varios proyectos, luego de extensos y costosos estudios, luego de aprobados por los organismos que la ley prevé, son rechazados en instancias judiciales. En efecto, luego de demandas y presión de grupos de ciudadanos, y de sometimiento a procesos judiciales engorrosos y dilatorios, proyectos que cuentan con las aprobaciones correspondientes son rechazados por los órganos de poder judicial. Si las exigencias normativas no están claras, en definitiva son los jueces quienes se ven obligados a interpretarlas con resultados imprevistos para los inversionistas. Esta situación, sin duda, atrasa o impide la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica muy necesaria para el desarrollo económico del país.
¿En caso de no evolucionar nuestro reglamento energético, ¿a qué riesgos nos exponemos?
Creo que existe consenso en el sector eléctrico en cuanto a que hoy existen trabas que dificultan el desarrollo de la infraestructura eléctrica. Los proyectos son cada vez sometidos a mayores y más complejas exigencias medioambientales, y a ello se suma la activa participación de las comunidades locales que, al no verse involucradas en los beneficios del desarrollo energético, se oponen a su ejecución. Si la normativa no evoluciona tomando en consideración esta realidad del mercado actual y de la sociedad, el riesgo sin duda es que se produzca un déficit de oferta eléctrica, llevando primero al encarecimiento de la energía eléctrica y más tarde a un eventual desabastecimiento.
| |
