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Hacia la Construcción de una
Política de Estado para el Sector Energía
Por Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros .• www.ingenieros.cl

El Colegio de Ingenieros de Chile AG, consciente de la compleja situación por la que atraviesa el país en materia de suministro eléctrico, propone un conjunto de medidas de corto plazo y elementos para la configuración de una política de largo plazo.

Esta propuesta tiene dos objetivos: proponer las bases de una política eléctrica de largo plazo, con foco en la competitividad, seguridad y sustentabilidad; y esbozar un conjunto de medidas inmediatas que ayuden a superar la aguda crisis actual y que estén en sintonía con la política de largo plazo.


Objetivos de la Política Eléctrica

La política eléctrica de largo plazo debe ser entendida como una política de Estado, y no de gobierno, promoviendo el desarrollo de un mercado eléctrico que considere, al menos, los siguientes criterios:

a. Un Estado protagonista en la planificación estratégica y el desarrollo del sector eléctrico: Se debe asegurar una planificación de largo plazo mediante la existencia de un ente planificador y conductor del proceso de desarrollo eléctrico. Esta planificación debe integrarse en forma efectiva con las políticas sectoriales, principalmente las ambientales, de transporte, de vivienda y de desarrollo urbano, y el Estado deberá responsabilizarse del establecimiento de la línea base ambiental en el caso de los grandes proyectos de inversión.

b. Un sistema eléctrico sustentable y en armonía con el medioambiente natural y social: Se debe asegurar un abastecimiento sustentable, seguro y de calidad, de menor dependencia externa, competitivo en precios, atractivo para nuevos y variados participantes, y con una interacción armoniosa con el medioambiente y la sociedad local y nacional. Asimismo, se debe promover y asegurar canales de participación ciudadana amplia e informada, tanto a nivel nacional como regional, para la definición de los grandes ejes de la política energética y de los macro proyectos energéticos, principalmente en las etapas de concepción de los mismos.

De igual modo, se debe garantizar que el desarrollo energético se inserte en el marco de un ordenamiento territorial armónico con las distintas actividades productivas y con respeto a los pueblos originarios y las áreas silvestres protegidas.

c. Un sistema eléctrico competitivo, diversificado y seguro: La política eléctrica debe apuntar a la desconcentración del sector, reduciendo barreras de entrada mediante cambios regulatorios que promuevan la competencia efectiva. Se debe revisar el esquema tarifario vigente para la fijación de los precios de la electricidad, incluyendo la evaluación de su aplicación actual, su correcta aplicación y la posibilidad de transformación o reemplazo del esquema marginalista. Además, se debe reformar la institucionalidad de los CDEC de modo de independizarlos de los principales actores de la industria.

En este punto, también se requiere rediseñar las funciones del segmento de distribución de manera de incorporar en ellas la gestión de la demanda, y se debe establecer las bases para una adecuada diversificación de la matriz energética considerando todas las energías disponibles, mediante una planificación a largo plazo de la expansión de la generación y transmisión en Alta Tensión.

La eficiencia energética debe tener prioridad estratégica a fin de amortiguar el crecimiento del consumo de energía, a la generación distribuida, a las Energías Renovables y a la eventual inclusión de la opción nucleoeléctrica en la futura matriz energética. En este sentido, el Estado se debe comprometer en la gestión, financiamiento y administración de proyectos energéticos innovadores, y promover la investigación y desarrollo de alto nivel de todas las fuentes energéticas.


Medidas de Corto Plazo

Atendiendo a la necesidad de acciones de corto plazo que ayuden a paliar la crisis actual, se proponen medidas en concordancia con la mirada de largo plazo y que deben ser abordadas de inmediato. La política de corto plazo debe apuntar a asegurar el abastecimiento y la calidad del servicio de la energía eléctrica, aun cuando se reconoce que es probable que en una primera etapa no se logre bajar sustancialmente los precios de la electricidad debido a la relativa rigidez de las opciones disponibles, la dependencia del mercado internacional y su volatilidad.

El proceso de revisión del marco institucional del sector y la adopción de las medidas de corto plazo deben hacerse en forma simultánea, como se describe a continuación.

a. Destrabar los proyectos energéticos actuales: Se necesita destrabar los obstáculos al desarrollo de proyectos energéticos convencionales, asegurando una consulta efectiva a la ciudadanía y a los pueblos originarios que serán afectados por los proyectos, respetando las áreas silvestres protegidas y considerando las externalidades de los proyectos. Asimismo, deben reducirse los obstáculos administrativos, regulatorios y de infraestructura que impiden concretar los proyectos de ERNC que disponen de Resolución de Calificación Ambiental.

b. Integrar efectivamente la participación de la comunidad: Es necesaria una relación con la comunidad más estrecha por parte de los proyectos energéticos y promover que las comunidades locales reciban parte de los beneficios de los proyectos instalados en su territorio y que incluyan compensaciones ambientales.

Para esto, se requieren canales formales de participación ciudadana informada y reforzar la difusión a la ciudadanía de los beneficios, costos, riesgos, impactos ambientales y características operacionales de las distintas alternativas energéticas y de la eficiencia energética.

c. Reforzar la institucionalidad existente: Robustecer las distintas instancias de la institucionalidad energética nacional y redefinir su rol, en particular en los organismos que promueven el uso de ERNC y la eficiencia energética. Asimismo, se recomienda estudiar una institucionalidad nuclear constituida por un órgano regulador nucleoeléctrico independiente y una organización en el Ministerio de Energía que sea responsable de la planificación y coordinación de un eventual programa de centrales nucleoeléctricas. De igual modo, se requiere la adopción de los programas establecidos en las Bases para el Desarrollo del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética, y generar presupuestos que permitan cumplir las funciones de los organismos del sector energético, así como asignar autonomía administrativa y financiera a los organismos ejecutores.

d. Modificar el marco regulador de las tarifas eléctricas: Efectuar modificaciones regulatorias que permitan, en lo inmediato, calcular los costos marginales excluyendo las máquinas diesel, pero considerándolas como un respaldo circunstancial, lo que implica pagar al generador diesel los costos efectivos de la generación y no afectar el precio que pagan los usuarios. Además, se requiere el establecimiento de un sistema de licitaciones de nuevas obras de generación acorde con la política energética de largo plazo, dirigido por el Estado o por una institución autónoma, y que las licitaciones tengan bloques separados para las energías renovables no convencionales y restricciones para actores existentes promoviendo, por ejemplo, la entrada de máquinas nuevas.

En este punto, se debe perfeccionar el funcionamiento del mercado eléctrico de los clientes libres, de manera de evitar cláusulas que atentan contra la competitividad de la economía nacional, así como revisar y modificar la Ley 20.571 para restituirla a su espíritu original de Netmetering (frente al actual de Netbilling).

Abril 2014
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