Desde la perspectiva de los clientes, se ven altos precios y oferta insuficiente que se manifiesta en licitaciones de suministro para clientes regulados que quedan reiteradamente desiertas o clientes libres, fundamentalmente mineros, que no ven condiciones de suministro que garanticen la viabilidad de sus inversiones.
Por su parte, los generadores “convencionales” centran su desarrollo en proyectos de carbón y gran hidráulica que se judicializan y entrampan. En tanto, los generadores ERNC ofrecen una gran cantidad de proyectos que no se están materializando por falta de estabilidad en sus ingresos (lo que dificulta su financiamiento). Asimismo, la expansión de los sistemas troncales sufre reiterados atrasos, manteniendo una estrechez de transmisión que distorsiona los precios y dificulta los acuerdos comerciales de venta de energía y el desarrollo de líneas de transmisión.
En este contexto, es clave que el Estado asuma un rol de líder activo en la proposición e implementación inmediata de las medidas que permiten destrabar el desarrollo del sector. Hay clientes que requieren energía y generadores que están dispuestos a ofrecerla; sin embargo, la operación natural del mercado no se perfecciona por elementos ajenos a cada una de las partes.
Muchos de los elementos que se requieren están contenidos en la Estrategia Nacional de Energía, como son la incorporación creciente de las ERNC, fortalecer el desarrollo del sistema de transmisión y avanzar hacia un mercado eléctrico más competitivo. No obstante, su implementación concreta está tomando mucho más tiempo del anunciado, esperando que por fin se despache en agosto el proyecto de ley de “carretera eléctrica”, la urgencia al proyecto de concesiones eléctricas y las indicaciones, e idealmente el patrocinio, al proyecto de ley 20/20 de ERNC aprobado por unanimidad por la sala del Senado en enero pasado.
No obstante, persisten otras incertidumbres, fundamentalmente en el ámbito social, asociadas a la posición de la ciudadanía o comunidades indígenas que, por vía legal o simple manifestación, retrasan el desarrollo de proyectos. Especial énfasis debe hacerse en el convenio 169 de la OIT en virtud del que se genera incertidumbre para la inversión, toda vez que no se encuentra suficientemente normado ó cómo el Estado de Chile asume este compromiso, trasladando a las empresas responsabilidades no cuantificables que atentan contra las decisiones de inversión.
El problema del crecimiento
Las cifras económicas muestran que Chile lleva un crecimiento acumulado de 5,4% en el primer trimestre de 2012. Ello implica que el país ha mantenido su crecimiento gracias a la fuerte demanda interna y al crecimiento de la economía china hacia donde se exporta la mayor cantidad de nuestro cobre. De acuerdo a las proyecciones, esta senda debería continuar, aun con los problemas internacionales que aquejan fundamentalmente al continente europeo.
Este crecimiento en el corto y mediano plazo demanda más energía a precios competitivos que permitan a Chile mantener su competitividad y mantener las tasas de crecimiento proyectadas.
Las empresas desean invertir, pero requieren que el Estado sea activo en ayudar a que los nuevos proyectos se puedan integrar a los sistemas interconectados de transmisión y puedan entregar la energía a costos competitivos y con legitimidad social.
