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La Regulación no puede ni debe ser una piedra inamovible
Por Eduardo Andrade H., Presidente Cigré Chileno. www.cigre.cl 

El sistema eléctrico de nuestro país está regido actualmente por una legislación que no refleja los cambios sufridos, no sólo por la tecnología relativa a las áreas de Generación, Transmisión y Distribución, sino también por las crecientes exigencias de la opinión pública. En este sentido, considerando el aumento constante de la demanda de energía eléctrica, se hace fundamental analizar las condiciones actuales del sistema y de su contexto.

La regulación eléctrica en Chile mostró en el pasado una gran capacidad de innovación convirtiendo al país en el primero en desregular el sistema eléctrico en 1982, en el contexto de un proceso de liberalización de gran parte de los mercados energéticos en dicha década. De este modo, se creó un modelo formado por los segmentos generación, transmisión y distribución, y se dejó el desarrollo y las decisiones de inversión en manos privadas, reservándose el Estado un rol fiscalizador y subsidiario. Este modelo fue adoptado por diversos países durante la siguiente década, mientras se profundizaba el concepto de que las fuerzas que rigen el mercado serían capaces de tomar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento eléctrico del país.

La regulación que nació de ese modelo, se mantuvo sin mayores variaciones hasta los comienzos de este siglo, cuando el sector eléctrico enfrentó una crisis en el desarrollo de inversiones que fue especialmente notoria en el sector de la transmisión. Básicamente, se constató la falta de incentivos en la construcción de nuevas líneas por la falta de claridad regulatoria. Ello llevó finalmente a que en marzo de 2004 fuera publicada la “Ley Corta I” que determinó los procedimientos necesarios que permitirían el desarrollo de los sistemas de transmisión.

A esa modificación le siguió la denominada “Ley Corta II”, promulgada en mayo de 2005, cuyo objetivo fue incentivar la inversión en generación mediante la incorporación de la obligatoriedad para las empresas distribuidoras de establecer un sistema de licitaciones que asegurara un precio de compra por un tiempo determinado.

En la actualidad, están en discusión diversas iniciativas que tienen como objetivo el resolver otros aspectos de la ley eléctrica. Es así como se han estado estudiando reformas legales, que se han querido catalogar como la “Ley Corta III”, que apuntan a las áreas de distribución y de concesiones y servidumbres con el objeto de reducir las incertidumbres en el desarrollo de las líneas de transmisión.

Lo anterior es un reflejo de lo que ha sucedido con regulaciones similares en otros países que han registrado constantes modificaciones. Ello muestra que, a través de la regulación, no sólo es imposible prever todos los escenarios en los que se deberá operar, sino que también cómo la realidad bajo la que fue desarrollada evoluciona en el tiempo.

Todas esas modificaciones demuestran que la regulación no puede ni debe ser una piedra inamovible, sino que debe ir continuamente adaptándose a las necesidades del entorno bajo el cual fue moldeada.


Desafíos de la regulación

Hoy, en nuestro país, la regulación debe ayudar a conciliar el desafío que impone el crecimiento y diversificación de la matriz energética de generación con las exigencias de una comunidad mejor informada que plantea exigencias medioambientales. No hacerlo implicará mantener el costo de la energía en niveles no sólo por sobre el de países desarrollados, sino que también por encima de naciones vecinas que compiten con nuestro país en la atracción de inversiones.

El perfeccionamiento de la regulación no es sólo responsabilidad de los organismos del Estado, sino que también de aquellos agentes que tienen el conocimiento de los efectos que nuevas formas de generación, tecnologías o demandas de los consumidores pueden afectar a los sistemas eléctricos. Por ejemplo, cuando se concibió la legislación actual, conceptos como Smart grids, ERNC y FACTs, no eran de amplia difusión y por consiguiente, hoy resulta compleja la incorporación de estas tecnologías a las redes. Lo mismo ocurre con nuevas formas de generación como la solar, geotérmica o eólica, donde es necesario aprovechar que éstas aún tienen un bajo nivel de penetración para identificar y definir potenciales restricciones a su empleo, dadas las características especiales que algunas de ellas tienen. No hacerlo podría implicar sobreinversiones y la frustración de quienes promovieron su desarrollo.

Se presenta, por lo tanto, una dicotomía entre la exigencia de la sociedad por incorporar matrices de energía más limpias con un aumento en la eficiencia en el uso de las instalaciones existentes y en el consumo final de la energía, sin perturbar en lo más mínimo el medioambiente, y la capacidad real de los sistemas eléctricos de satisfacer esas exigencias.

El aumento en la demanda de energía eléctrica requiere, sin duda, de más fuentes de generación así como del crecimiento de las redes de transporte y distribución. Es necesario, por ende, revisar habitualmente la visión de la sociedad relativa a los nuevos desafíos en regulación, por cuanto ello puede implicar cambios significativos de enfoque respecto a lo que se aceptaba normalmente en el pasado. Así, es imprescindible realizar convocatorias donde los distintos participantes del mercado planteen su percepción de esos desafíos y la forma en la cual, desde su propia perspectiva, se pueden resolver.  

Agosto 2012
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