| Como bien señala David Watts, Ingeniero Civil Industrial Eléctrico y profesor de la Universidad Católica, “Medición Neta” es un conjunto de tecnologías y metodologías simplificadas para medir la energía neta consumida por una instalación, que posee recursos de generación locales (o generación distribuida). “También mide el exceso de energía local que se suministra hacia la red, cuando se consume menos de lo que se genera localmente, haciendo girar el medidor en sentido inverso. El objetivo es que el exceso de energía producida por el generador distribuido sea inyectado a la red, a modo de depósito, hasta que la energía se requiera por parte del consumidor, evitando la necesidad de bancos de baterías, ya que la red funciona como backup y sistema de acumulación energética o financiera”, detalla Watts, doctor en Ingeniería Eléctrica.
Una oportunidad de desarrollo para las ERNC
David Watts ha estudiado Net Metering hace más de una década y, de acuerdo a su opinión, este sistema busca entregar al consumidor la posibilidad de contar con pequeños medios de generación distribuida (principalmente renovables o de bajas emisiones), e inyectar el exceso de energía generada (si es que lo hay) a la red. De esta manera -señala- el consumidor reduce la energía consumida desde la red, facilitando la instalación y uso de energías renovables a pequeña escala. La Ley de Medición Neta, aprobada recientemente en el Congreso Nacional, es entendida por Empresas Eléctricas A.G., como una oportunidad para permitir un mayor desarrollo de energías del tipo renovables no convencionales, como también de medios de cogeneración del tipo eficiente, apuntando así al objetivo de tener una matriz energética más verde. “Tanto desde el punto de vista puramente eléctrico como económico, la base de esta ley radica en disminuir el consumo de electricidad del cliente regulado, redundando en una menor factura por suministro eléctrico e igualmente, dependiendo por lo demás de las tecnologías instaladas y, por otro lado, de la forma de consumo del cliente regulado, es que de haber excedentes éstos sean reconocidos económicamente por la distribuidora, generando así un ingreso para el consumidor convertido ocasionalmente en un productor de electricidad”, explica Gerardo Barrenechea, Gerente de Estudios de EEAG. Según Sergio del Campo, Subsecretario de Energía, en el caso de Chile, donde se tienen bastantes recursos locales para la generación eléctrica, el sistema eléctrico y el país en su conjunto se beneficia por este mecanismo, principalmente por las menores necesidades de inversión en generación e infraestructura de transmisión y distribución en el largo plazo. Además -indica el Subsecretario- existen menores pérdidas de energía porque ésta es generada y consumida en el mismo lugar o cercano, lo que va en línea con las metas de eficiencia energética. De esta manera, se suman más ventajas: los usuarios serán beneficiados por un reconocimiento de la energía que inyectan al sistema, un menor consumo de la red eléctrica y también el reconocimiento del certificado verde por las emisiones que desplazan. Asimismo, todos -industrias, agrónomos y residenciales- pueden acceder a este mecanismo.
Radiografía al proyecto de ley
En opinión del Ministerio de Energía, el proyecto aprobado por el Congreso se adapta bien al esquema de mercado del país y genera los incentivos a los usuarios para hacer las inversiones. Ahora, indica Sergio del Campo, le toca a la industria que fabrica y comercializa los paneles, molinos, inversores y demás componentes, su parte de bajar los costos para que finalmente se cumplan los objetivos dispuestos por la ley. 
Desde el punto de vista de EEAG, la fortaleza de la normativa radica en que considera los aspectos básicos para el desarrollo de instalaciones de generación en dependencias de los clientes regulados, pero quedan aspectos relevantes por definir. En especial, explica Gerardo Barrenechea, aquellos de carácter técnico y de protección para las personas y cosas. A su juicio, otro punto ausente en la ley es facilitar el desarrollo de las denominadas “Redes Inteligentes” de forma concreta y profunda.
En este punto, otros organismos también levantan su voz. Para Verónica Munita, Gerente Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol A.G., tal como está planteada la ley, no se trata de netmetering, sino de netbilling. “La diferencia entre ambos conceptos es que mientras en el primero el usuario recibe por la energía que inyecta al sistema el equivalente a lo que consume, es decir, se le entrega un precio justo, en el netbilling no es así. La energía inyectada será castigada en su precio, por lo que lamentablemente esta ley no incentiva la instalación de sistemas fotovoltaicos residenciales. Ojalá los parlamentarios se den cuenta de esto y presenten una moción para modificarla”, señala. Desde el punto de vista medioambiental, Sara Larraín, Presidenta de Chile Sustentable, destaca los beneficios globales del proyecto. En su opinión, la Ley es un aporte estratégico para el sistema eléctrico, al permitir la desconcentración del mercado eléctrico y la reducción de costos de la energía para los clientes finales residenciales, comerciales, Pymes y agroindustria. “Asimismo, genera ahorros muy relevantes para los sistemas eléctricos por inyección de energía en las puntas; menor requerimiento de potencia instalada para respaldo (horas peak) y menores perdidas por trasmisión. Junto con eso, entrega mayor estabilidad de los sistemas eléctricos por aliviar la presión sobre los sistemas interconectados de trasmisión (SIC-SING) y estructurar redes inteligentes de generación distribuida”, comenta. En lo particular, para esta reconocida ambientalista los beneficios particulares del proyecto radican en que reduce la dependencia energética del país -porque cada familia y empresa puede aportar a la matriz eléctrica-, disminuyendo la vulnerabilidad y riesgos en sectores productivos que hoy enfrentan pérdida de competitividad por los altos costos de la energía, como el agrícola, lechero y agroindustrial.
 Radiografía al proyecto de ley
Respecto a la operativa de Net Metering, el proyecto de ley aprobado es claro. Se descontará de la medición mensual aquella valoración que corresponda a las inyecciones de energía. De haber un excedente a favor del usuario, este le será remunerado. En este sentido, según explica Gerardo Barrenechea, la Ley señala que la energía de los generadores residenciales se paga al precio que los concesionarios de servicio público de distribución traspasan a sus clientes regulados, por lo que en la práctica el usuario consumidor verá un valor inferior en su cuenta final de electricidad, monto que debiera contrastar con los costos de inversión y mantención que el desarrollo de este tipo de generación le significará. El problema, a juicio de Sara Larraín, es que el actual Reglamento N° 244 para generadores medianos, mandata estándares de conexión que requieren estudios muy caros (de 500 mil a 1 millón de dólares), lo que constituye una barrera de entrada que deja afuera a los generadores pequeños. Esto redundará, según el experto de EEAG, en que en el corto plazo sea implementado por aquellas personas o instituciones con clara orientación hacia tecnologías verdes.
Con sus fortalezas y debilidades, se espera que al 2020 la capacidad instalada por concepto de Net Metering sea de alrededor de 150 MW, universo donde grupos como los agricultores y pequeñas industrias probablemente sean los primeros en hacer uso de este mecanismo. |
