La solidez del mercado financiero chileno ha sido determinante en la fuerte inversión extranjera que ha gozado Chile durante los últimos años. "Por esto, el caso La Polar es un golpe al proyecto estratégico de nuestro país para convertirse en un centro financiero central en Sudamérica", manifiesta Jimena Rodríguez, Directora del Area de Economía y Regulación de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello.

Un punto de vista similar tiene el senador Francisco Chahuán (RN), quien señala que este tipo de situaciones no pueden volver a repetirse. "Los juicios y evaluaciones debemos realizarlas una vez que hayan operado las instituciones, procesos administrativos y judiciales en curso, pero si no se individualizan claramente las responsabilidades, el sistema financiero tendrá una enorme merma en su credibilidad", sostiene.

Una particular visión tiene Rodrigo Aitken, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Bernardo O’Higgins, quien asegura que existen muchas coincidencias entre lo sucedido con La Polar y lo que pasó con Lehman Brothers, cuya quiebra colapsó el sistema financiero el 2008 (ver tablas 1 y 2). "Las dos empresas presentaban balances y estados de resultados aparentemente buenos, y sorteaban con facilidad la aplicación de herramientas de análisis financiero, permitiendo mostrar una solidez falsa, gracias a una aplicación de contabilidad creativa", explica.

Para el académico, la actual discusión de este caso, está centrada principalmente en las posibles irregularidades cometidas por los ejecutivos y la falta de visión de los antecedentes financieros por parte de los organismos controladores. "Sin embargo, existe una tercera variable que se ha excluido del debate, que dice relación con el nivel de conocimiento financiero de los usuarios finales, la que deja bastante que desear", agrega.

Transparencia en las corredoras

Según Aitken, las corredoras dan recomendaciones de comprar, vender o mantener de acuerdo a la información que se extrae de los estados financieros auditados, por lo que existe una responsabilidad compartida entre las empresas corredoras y las auditoras. "En este sentido, creo que existe un exceso de confianza al suponer que sólo basta con el prestigio de quién entrega la información o de quién audita", apunta.

En este aspecto, el académico explica que las recomendaciones y estimaciones que realizan las corredoras se basan en modelos de análisis financieros que han sido sobrepasados por las acciones egoístas y particulares de los diversos actores del mercado financiero. "Por esto, es necesario construir nuevos instrumentos que den cuenta de la evolución de los mercados, como por ejemplo, la implementación de un índice de flujo de caja que revele fehacientemente la situación de una empresa", añade.

Sobre el funcionamiento de las corredoras, el senador Chahuán afirma que estas entidades "deben resolver y transparentar sus recomendaciones cuando simultáneamente tienen posiciones involucradas en esas compañías. En ese sentido, deben separar las actividades o transparentar la información que se recomienda". Una postura semejante tiene Jimena Rodríguez, para quien la situación del caso La Polar dejó en evidencia que hay corredoras que no estaban siendo cuidadosas en sus análisis y recomendaciones.

En este contexto, la SVS aclara que desde hace algún tiempo han formulado propuestas al Ministerio de Hacienda, en el marco de la agenda MKB, para regular algunos requisitos mínimos que deben cumplir quienes prestan asesorías de inversión en la que puede verse comprometida la fe pública. "En caso de prestar servicio a más de un cierto número de personas o dar opiniones y recomendaciones públicas para la inversión, estos prestadores requieren autorización y deberán quedar sometidos a fiscalización; es decir, entidades como los departamentos de estudios quedarían bajo este tipo de fiscalización. Además, se deben establecer requisitos de idoneidad y acreditación, a través de estudios mínimos o certificaciones ante algún organismo. Finalmente, se debe regular el tratamiento de los conflictos de interés, evaluándose alternativas tales como la exigencia de la difusión de la cartera propia, así como información sobre todas las operaciones hechas contrarias a la recomendación en determinado tiempo", indican desde la superintendencia.

¿Cambio en las regulaciones?

"Toda evaluación regulatoria debe hacerse en frío, no en caliente", enfatiza Chahuán. "Lo mismo se aplica para la evaluación sobre el funcionamiento del actual aparato fiscal, aunque de todas formas creo que ambas superintendencias deberán analizar críticamente sus procesos internos, tanto para evaluar sus fortalezas preventivas, como para responder los cuestionamientos sobre su accionar", observa.

A juicio de Jimena Rodríguez, tanto la SVS como la SBIF son órganos reguladores, de carácter administrativo, cuya principal misión es la de ayudar al buen funcionamiento de los mercados. "Acentuar la carga fiscalizadora de estas entidades no deriva necesariamente en un buen funcionamiento del sistema. Convertir a estos órganos en ‘superfiscalizadores’ sólo puede entrabar un adecuado funcionamiento del mercado y desvirtuar, a la vez, su misión, ya que una buena regulación es mucho mejor que mayor fiscalización", advierte.

Por su parte, Rodrigo Aitken dice no ser partidario de esta verdadera "fiebre regulatoria" que sufre el país debido a estos últimos acontecimientos, sobre todo cuando el origen del problema es "multivariable". A su parecer, "estamos en el momento preciso de construir un mercado más responsable e informado. Para mitigar el incentivo de cometer ilícitos por parte de los ejecutivos, es necesario diversificar la evaluación del desempeño y la entrega de bonos, fijando remuneraciones que alineen los intereses de los accionistas con los de las gerencias", apunta.

En cuanto al funcionamiento de las corredoras de bolsa, la SVS afirma que en agosto del 2010 se emitió la Circular Nº 1.985, la que aumenta la transparencia en la ejecución de órdenes de compra y venta de acciones. "Esta normativa instruye a los corredores para que proporcionen a sus clientes información completa de cómo fueron ejecutadas sus órdenes de compra y venta de acciones, incluyendo información detallada de la forma, oportunidad y términos, así como de las condiciones de mercado durante el día y momento de ejecución de las operaciones", aclaran desde el estamento público.

Adicionalmente, en noviembre de ese mismo año, la superintendencia emitió la Norma de Carácter General Nº 295 sobre acreditación de conocimientos para los intermediarios de valores. "Esta iniciativa regula la forma, periodicidad y exigencias que se deben cumplir para acreditar los conocimientos de intermediación por parte de los corredores de bolsa y agentes de valores y de quienes participen en las actividades de intermediación. Para lo anterior, deberán someterse al proceso de acreditación ante una bolsa de valores los corredores de bolsa y agentes de valores, sus directores y administradores y las demás personas que desempeñen funciones propias de la intermediación", explican desde la entidad.