Por Carmen Paz Cruz, Oriana Foncea, Pilar Giménez, Gloria Hutt, Caroline Iribarne, Claudia Oddo, Alexandra Petermann, Ángela Prado, Marcela Rivas, Marisol Rojas y María Emilia Undurraga, todas ellas de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Nuestro país cuenta con 75,6 millones de hectáreas, de las cuales solamente una pequeña parte (0,3%) es ocupada por ciudades. Todo el resto alberga zonas rurales muy ricas en biodiversidad y belleza asociada al paisaje.

En este contexto privilegiado, no es de extrañar que cada día más personas quieran disfrutar de este territorio natural, ya sea en forma esporádica o más permanente.

Lamentablemente, nuestro marco regulatorio históricamente ha negado esta realidad, y a través del Decreto Ley N°3.516 y el Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableció una regulación basada en normas de excepción que pretenden que las actividades se concentren en las ciudades, en tanto el resto del territorio se reserva para usos agrícolas, forestales o ganaderos, principalmente.

Esta manera de administrar nuestro territorio -que invisibiliza las verdaderas necesidades y anhelos de las personas- ha tenido resultados negativos. Nos llevó a ocupar el área rural con tomas de terreno, ventas ilegales de derechos de uso, y parcelas de agrado de 5.000 m2 que muchas veces degradan los lugares y sobrecargan los precarios servicios municipales.

Esta situación motivó el ingreso al Congreso de un Proyecto de Ley, que actualmente está en pleno debate, por lo que resulta oportuno visualizar alternativas distintas a la clásica solución de “prohibir”, y más bien generar propuestas innovadoras para “permitir” un habitar sustentable de área rural.

Algunas ideas en esta línea son; generar planes reguladores comunales ágiles, con plazos acotados de aprobación, para que las ciudades puedan administrar el crecimiento de sus áreas periféricas; fortalecer los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) para que puedan definir “zonas de desarrollo rural condicionado” asociados al cumplimiento de objetivos ambientales y de conservación de ecosistemas; crear nuevos instrumentos de planificación para la generación de villorrios rurales con su propia lógica “no urbana”; generar una ley de copropiedad rural que permita que los proyectos puedan contemplar bienes comunes para un habitar sustentable; y habilitar el uso de incentivos normativos para mejorar las parcelaciones ya existentes.

En definitiva, necesitamos una combinación de distintas herramientas. Lo importante es no perder el objetivo central de promover una mayor conexión de las personas con la naturaleza, en tanto esta interacción sea positiva para los territorios en el sentido de favorecer la conservación de los ecosistemas, potenciar a las comunidades y generar oportunidades de desarrollo económico.