Por Ignacio Ruiz, Director de Grupo IMC.

El dicho “le llueve sobre mojado” encaja perfecto entre los desarrolladores inmobiliarios por estos días. Hace mucho que no se sentía un ambiente tan enrarecido en la industria, ya que no son pocos los frentes que deben abordar; algunos más con efectos más preocupantes y permanentes que otros.

El primer malestar es común a todas las industrias productivas, pero no por eso menos nocivo. Las inversiones cayeron en forma significativa en los últimos meses y no van a volver hasta que mejoren las oportunidades de negocio. Por lo pronto, las condiciones económicas, como alta inflación y tasas de interés, desincentivan el consumo y, aunque los niveles de stock son saludables, tampoco se avista la entrada de nuevos proyectos. Esto porque, aunque la economía se reactive, hay otros elementos que golpean a esta actividad en particular y, por lo mismo, paralizan la llegada de capitales y el inicio de obras en nuevas inversiones.

Este es un escenario negativo, que desencadena otra serie de problemas. Hay que tener en cuenta que un proyecto inmobiliario maneja tiempos extensos, la tramitación normativa demora cerca de 24 meses y otro tanto tarda el periodo de construcción; adicionalmente, hay que esperar entre 6 y 12 meses para que las instancias normativas de recepción en las obras. Así las cosas, el panorama es lúgubre: vamos a estar un buen tiempo con la actividad completamente detenida, con los efectos que ello significa en términos de empleo y dinamismo económico.

A lo anterior, se suma la presión para los desarrolladores de que los permisos caducan a los tres años, por lo que muchos ven con preocupación la opción –cada vez más cierta—de que se deban renovar todos los trámites de aquellos proyectos que quedaron listos para comenzar.

Una nueva dilación de tiempos, que espanta a los inversionistas, sobre todo ante la creciente incertidumbre jurídica; uno de los grandes males que aquejan a la industria. Hoy en día, no hay claridad de por qué se entregan o no, permisos que antes tenían un procedimiento claro. Tanto así, que incluso hemos visto proyectos que, ya con todos sus permisos aprobados, terminan paralizado por diferencias de interpretación, o el capricho y creatividad de algún funcionario de turno.

A lo anterior se suman los reparos que deja el proyecto de ley para la Reforma Tributaria, que saca del mapa a un perfil de cliente completo: los inversionistas hormiga. Con la pérdida de las exenciones del DFL2, este grupo se verá obligado a pagar impuestos por las ganancias de sus arriendos, lo que provoca que para muchos el negocio sea menos atractivo y, para tantos otros, inabordable.

Así las cosas, el 2023 no pinta bien para el desarrollo inmobiliario. Parece que seguirá “lloviendo sobre mojado” y los capitales seguirán reacios a volver.