Por Andrés Del Real, Director del área de Solución de Controversias y Arbitrajes en Arteaga Gorziglia.

Es de público conocimiento el grave problema económico y jurídico que está golpeando a las empresas constructoras. Entre otras razones, los efectos de la pandemia siguen generando alza de costos, retrasos en las ventas y en los pagos, y así un largo etcétera.

Es así como las empresas del rubro terminan participando tarde o temprano en algún método de solución de controversias o derechamente, frente a una inminente cesación de pagos, en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación.

Cuando estas controversias pasan a tribunales, es común ver que la buena fe es un elemento relevante que consideran y aplican los jueces a la hora de resolver cada caso. Así lo hemos visto, por ejemplo, en juicios por aumentos inesperados de costos y precios con motivo de la pandemia.

Es ese mismo espíritu de buena fe el que debe guiar a las partes que tienen problemas presentes. Resolver los conflictos con auténtica buena fe antes de judicializarlos, e incluso ya judicializados ante un tribunal o en el marco de una reorganización, ayuda a evitar efectos desastrosos no solo para los directamente involucrados, sino que también para las personas que rodean al negocio y para la economía del país.