Con el propósito de contribuir a impulsar la inversión, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) realizó un diagnóstico de las trabas administrativas que enfrentan los proyectos de construcción, tanto para ser autorizados como durante su desarrollo.

Carlos Zeppelin, Vicepresidente de la CChC, comentó que estas dificultades “están presentes en las diferentes etapas de los proyectos (planificación, diseño, adjudicación, permisos y construcción) y provocan retrasos, mayores costos, controversias y judicialización, además de daños a las empresas y al interés público”.

Zeppelin, mencionó que “los problemas parten por una escasa planificación y la baja calidad del diseño de los proyectos. En Chile se invierte en esto último cinco a siete veces menos que en países referentes, lo que en parte explica, por ejemplo, el alto porcentaje de modificaciones y de controversias que registran los contratos de obras públicas”.

En la etapa de adjudicación, momento en que formaliza la relación contractual entre el Estado y la empresa contratista, cobran relevancia los reglamentos de inversión de obra pública. “En general, dejan muchos espacios para interpretaciones, traspasan riesgos excesivos a los contratistas y provocan retrasos y sobrecostos”, argumentó el dirigente.

Respecto de la tramitación y obtención de permisos, la situación es crítica. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad identificó 400 permisos distintos, otorgados por 50 instituciones públicas, que podrían ser necesarios para desarrollar un proyecto de construcción, a lo que se agrega que su tramitación no necesariamente cumple con los plazos establecidos en la ley. Por ejemplo, un permiso de edificación demora, en promedio, 127 días, superando largamente los plazos legales.

Para graficar lo problemático de este aspecto, se mencionó que actualmente hay cerca de 22.000 viviendas sociales que corren el riesgo de no poder ejecutarse por dificultades para obtener sus respectivos Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV).

Sobre el anuncio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que considera reajustes a contratos vigentes que mantienen distintas constructoras con la cartera, Zeppelin declaró que “esta medida va a resolver el problema de 1.400 obras. Son contratos que no tenían reajuste, y tener aunque sea un tope de 20%, va a permitir rescatar mucho de estas empresas. Hay varias empresas que quieren terminar sus obras, saben que van a terminar con alguna pérdida, pero van a poder finalizar lo avanzado. Es una buena medida, pero solo el 50% de la inversión es por el MOP, y estamos buscando trabajar en lo restante, con el Serviu y los Gobiernos Regionales”.

“Crear un clima y una institucionalidad propicios para el desarrollo de proyectos de inversión y para mejor la productividad de la construcción requiere de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Y para ello, no es necesario partir de cero”, dijo Antonio Errázuriz, Presidente de la CChC.

El ejecutivo dio tres ejemplos: “Hay que utilizar los ejercicios de planificación de largo plazo que hacen prácticamente todos los gobiernos en materia de infraestructura y que después no se usan. También, implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) para resolver problemáticas de la construcción y elevar su productividad; y nosotros mismos acabamos de terminar una propuesta para mejorar los reglamentos de inversión de obras públicas”.