El Ministerio argentino de Obras Públicas presentó ante el Observatorio de la Obra Pública los resultados de un trabajo de consultoría que busca fortalecer y mejorar los procesos de certificación de la obra pública, en el marco del Programa de Cooperación EUROsociAL de la Unión Europea con América Latina, y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

El informe sugiere mejoras en el proceso a través de elementos de benchmarking, así como la comparación de experiencias y marcos normativos de otros países de la región, aportes y recomendaciones a las políticas del Ministerio para que el diseño sea de forma colaborativa, incorporando enfoques múltiples.

En este sentido, se relevaron más de 150 documentos, desde la Ley de Obras Públicas hasta informes de auditorías y entrevistas con representantes de distintos sectores del Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados, entes y empresas.

También se realizó un análisis comparado de buenas prácticas de acuerdo a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y experiencias de otros países de la región y España, entre las que se destaca la estandarización del procedimiento de certificación, la regulación de la actuación de inspectores y supervisores mediante guías e instructivos, un Código de Ética específico, y la importancia del factor tecnológico para garantizar mayor trazabilidad a lo largo de todo el proceso.

El informe fue desarrollado por Jorge Beltrán Pardo, especialista en Derecho Contractual y consultor de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), así como también de distintas entidades estatales y empresas del sector público en la Región.

Asimismo, el consultor Pardo sugirió mejoras propuestas, de acuerdo al tiempo de implementación, clasificándolas en corto, mediano y largo plazo, como la actualización periódica de las capacitaciones de empleadas, empleados y agentes; regulaciones y recomendaciones a gobiernos subnacionales para alcanzar una mayor homogeneidad y multiplicación de las buenas prácticas; y la posibilidad de desarrollar un portal único para todas las compras del sector público, siguiendo las experiencias en Colombia o Chile.