El Consejo de Concesiones presentó un documento que contiene una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer el sistema, y que fue entregado hace unas semanas al Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuando aún estaba en manos del exministro Alfredo Moreno.

El documento fue elaborado por los miembros de la entidad (de carácter consultivo de la secretaría de Estado) Soledad Arellano (Presidenta), Rodrigo Delgadillo, Tomás Flores, Juan Andrés Varas e Iván Poduje.

El documento demandó un trabajo de alrededor de dos años, y haceaproximadamente seis meses se entregó un borrador al MOP.

Sin embargo, el recibimiento de dicho texto no fue el esperado, pues este hecho generó ciertas “discrepancias” entre ambas partes, ya que si bien desde la cartera de Obras Públicas estaban de acuerdo con la totalidad de las sugerencias, no apoyaban la idea de que el Consejo hiciera público este texto a través de una declaración, a solo días de que el gobierno del ex Presidente Piñera dejara La Moneda.

El documento plantea que el sistema de concesiones de obras públicas chilenas ha sido un motor fundamental para el desarrollo del país en los últimos 30 años, permitiendo la ejecución de casi US$ 20 mil millones de inversión privada.

Según se explica en el texto, “a pesar de lo anterior, en los últimos años (y con las naturales variaciones que la agenda pública impone), lamentablemente el sistema de concesiones ha hecho noticia más por sus problemas y conflictos que por sus beneficios”.

A juicio de los consejeros firmantes, esta situación constituye una amenaza seria para el futuro del sistema, lo que podría comprometer todos sus beneficios sociales. Esto “sobre todo en el marco de un debate constitucional donde previsiblemente se cuestionará la participación de los privados en distintas áreas de la economía”.

Ante esta situación, el consejo lanzó una serie de propuestas que, según ellos, contribuirán a corregir algunos de los problemas detectados.

El consejo recomendó realizar una planificación estratégica de las obras, que contemple toda la cartera de inversiones del MOP, y que seleccione aquellos proyectos que por su demanda pueden ser financiados mediante un sistema de concesiones.

También añadieron que un aspecto crítico es que las tarifas por congestión no generan la respuesta esperada en desincentivar el flujo, lo que hace que los usuarios paguen más por una ruta más congestionada, lo que resulta muy difícil de entender para la opinión pública.

A juicio de los consejeros firmantes, este modelo, u otro equivalente, evitaría que las tarifas se mantengan fijas con independencia de la calidad del servicio, y entregaría señales de mayor transparencia a la ciudadanía respecto a modificaciones en los contratos, que contemplan aumentos de obras, tarifas o plazos de concesión.