Una ácida polémica tiene enfrentados a la agencia estatal rusa Rosatom con el gobierno boliviano. ¿La razón? El gobierno encabezado por la Presidenta interina Jeanine Áñez habría exigido, por medio de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), la suspensión de los trabajos orientados a levantar un centro de investigación nuclear en El Alto, La Paz, versión que fue desmentida por la corporación rusa, que aseguró mantener el ritmo de trabajo convenido con el gobierno del renunciado Evo Morales y el congreso de ese país.

Rosatom informó, a través de un comunicado, que “continúa la implementación del proyecto de construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear en Bolivia. No hemos recibido solicitudes oficiales de parte de nuestros socios bolivianos para suspender el proyecto”.

“El contrato fue firmado en conformidad con el acuerdo intergubernamental entre Rusia y Bolivia. El organismo autorizado para la implementación de este proyecto por la parte boliviana es el Ministerio de Energías de Bolivia, que no ha hecho ninguna declaración sobre la suspensión del proyecto. El Ministerio de Energías de Bolivia mantiene contacto estrecho con la parte rusa y presta atención especial al proyecto de construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear”, agregó el comunicado.

Alrededor de una semana atrás los ejecutivos del organismo regulador boliviano AETN inspeccionaron el sitio de la construcción del centro y evaluaron de manera muy positiva el avance de las obras. “Por eso lo único que tenemos ahora es solo un 'link' del artículo que contiene un comentario del director de ABEN publicado en su propio perfil personal en Facebook. Además, el acuerdo intergubernamental entre Rusia y Bolivia fue ratificado por la Asamblea Legislativa actual y las declaraciones del director de ABEN sobre la violación de la Constitución son infundadas”, señalaron fuentes rusas conocedoras del tema.

La decisión de suspender los trabajos se mantendrá hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la Fiscalía se pronuncien al respecto. Esto porque el nuevo Director Ejecutivo de la ABEN, Juan Alfredo Jordán Romero, acusó al gobierno de Evo Morales de aprobar la construcción del centro de investigación (que exige una inversión de 351 millones de dólares) sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.