El sismo de 6,7 grados Richter, que se percibió el sábado 19 de enero a las 22.32 horas, develó una de las falencias que posee el país y que afecta directamente a La Serena: la normativa de preservación de monumentos nacionales, la que, en opinión de los entendidos, es lenta, engorrosa e incongruente con las aspiraciones de los territorios por mejorar las condiciones de sus acervos culturales, urbanos y patrimoniales.

Si a eso se suma que uno de los sectores más afectados por el movimiento telúrico fue la zona típica de La Serena -una de las más extensas de América Latina con más de 100 manzanas- el panorama es aún más preocupante, en especial por el estado en que se encuentran algunas estructuras de un sector donde conviven iglesias, servicios públicos, comercio y viviendas.

Por esa razón es que el antecedente de que la Catedral de la ciudad había solicitado mantención de una de sus estructuras al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) hace un año y que colapsó en parte producto del sismo, pone en entredicho la pertinencia de la entidad y de la institucionalidad vigente.

Preocupada por esta situación, la CChC La Serena formó una alianza junto al municipio para mejorar las condiciones del casco histórico a través de una mejor gestión del CMN, repartición que regula las zonas típicas en el país. “Nos negamos a ver morir el centro de La Serena. De hecho, creemos que tiene un tremendo potencial y que, por la falta de diligencia en las decisiones y la atemporalidad de estas, ha entrado en un círculo vicioso que lo va apagando poco a poco”, expresó el Presidente Regional del gremio, Sergio Quilodrán.

Una de las propuestas es que el CMN se acoja efectivamente a la Ley 19.880 que establece las Bases de Procedimiento Administrativo, tal como el resto de las reparticiones públicas. “Para la solicitud de intervención de un monumento histórico existe una ambigüedad en la duración del trámite, pues el Consejo se rige por la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales de 1970 que no establece plazos, aunque al mismo tiempo dice aplicar las prescripciones de la Ley N°19.880 sobre Procedimiento Administrativo que instaura como máximo un plazo de tres meses. Si tomamos este último antecedente, ciertamente no lo están cumpliendo”, manifestó el Presidente de la Cámara regional.

Otra de las modificaciones sugeridas por el gremio es descentralizar las decisiones y empoderar a actores locales calificados. “Hay que activar cuanto antes la Comisión Asesora Regional, órgano colegiado que debe incorporar de manera armónica a representantes del Estado, técnicos, profesionales y representantes de la sociedad civil regional con cierta experiencia en el ámbito patrimonial”, explicó el directivo, no sin antes precisar las atribuciones que debe considerar para aprobar o rechazar a nivel local las modificaciones a cualquiera de las categorías que contemple la ley.

Finalmente, Quilodránagregó que “apurar la modificación de la ley es un camino, pero mientras tanto requerimos y hacemos un llamado a las autoridades a proteger a nuestros ciudadanos ante eventos como el del sábado 19 de enero y a trabajar colaborativamente para sacar adelante una estrategia de conservación de los inmuebles y edificios más antiguos que requieren de atención técnica urgente”.