El sector de la construcción en Argentina espera al menos 40.000 despidos en los próximos meses, debido a la parálisis que sufrirían muchas obras de infraestructura por la crisis económica que azota al país.

El derrumbe del sector, que ya había sido golpeado por un escándalo de corrupción que estalló semanas atrás, afectará inevitablemente a la economía argentina, ahondando una recesión generada en gran parte por la aceleración de la ya alta inflación, que provocó un desplome del peso frente al dólar.

Ante los temores de los inversionistas por la marcha de la economía, muchas empresas de construcción no logran conseguir el financiamiento necesario para avanzar con obras de infraestructura pactadas con el gobierno de Mauricio Macri.

“Los bancos se están retirando de financiar a las empresas de obras públicas. Creo que es por la preocupación del ajuste fiscal que llega a la obra pública“, dijo Gustavo Weiss, Presidente de la Cámara de la Construcción. “Es posible que haya 40.000 despidos o incluso más por el parate de la obra pública“, agregó.

Hoy, según datos privados del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), hay más de 400.000 empleados registrados en el sector, que de todos modos suele tener un alto nivel de empleo informal.

“Estamos siguiendo de cerca la situación del empleo y los salarios en la construcción y trabajando en conjunto periódicamente con los representantes del sector”, indicó un portavoz de la Secretaría de Trabajo, sin responder directamente sobre las expectativas de despidos que tienen los empresarios.

“Habrá que ver en los próximos meses cómo evoluciona todo el tema del crédito, cómo evoluciona a partir del nuevo tipo de cambio el nuevo costo en la construcción“, agregó.

Un alto funcionario de la Unión Obrera de la Construcción, el mayor sindicato del sector, afirmó que en los últimos tres meses se perdieron al menos 12.000 puestos de trabajo en el sector y calculó que el ajuste fiscal del gobierno implicará una reducción de obras públicas del 50% el año que viene.

“Las obras tienen una cierta inercia y no se cortan de un día para el otro, pero hay obras que tenían 300 personas y ahora tienen 150. En un proceso de seis meses se pueden perder 50 a 60.000 trabajadores. Me parece que si la crisis no se revierte, probablemente sean más los que se pierdan”, sostuvo.

“Esto también afecta a las obras privadas porque con la inflación y los aumento de insumos, no cierran los proyectos, se refinancian o se recalculan”, agregó.

Cuando fue consultado por esa estimación de reducción de obras, el Ministerio de Transporte dijo que las que hoy están en ejecución seguirán adelante y que las que están temporalmente detenidas podría ser debido a trámites burocráticos, alguna traba judicial o problemas de contratistas con algunos insumos.

“En relación a las obras públicas de cara al 2019, se está terminando de definir en el presupuesto que es motivo de evaluación junto con los gobiernos provinciales”, indicó un portavoz de la cartera.